Diario de León

Empresa Familiar cifra en 21.140 millones el coste de las medidas para salir de la crisis

José Vega, presidente de Empresa Familiar Castilla y León, saluda a Juan Vicente Herrera a su llegad

José Vega, presidente de Empresa Familiar Castilla y León, saluda a Juan Vicente Herrera a su llegad

Publicado por
María Jesús Muñiz
León

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El Instituto de Empresa Familiar y la asociación Empresa Familiar de Castilla y León «consideran que es fundamental que el Gobierno y las autonomías coordinen urgentemente un Plan de Choque 2009-2010, de naturaleza estrictamente económica, dotado con 21.140 millones de euros, el equivalente al 2% del Producto Interior Bruto de dos años». Es el resumen del documento presentado ayer por los empresarios familiares de la comunidad, que consideran que la situación económica es urgente y que las medidas tomadas hasta ahora no están dando frutos. En palabras de su presidente, José Vega, «se están afrontando problemas nuevos con soluciones viejas. Se pretende atender a un enfermo terminal con remedios de curanderos».

Vega apostó durante la presentación del documento por aportar reformas «imaginativas, y sobre todo consensuadas»; y señaló que las empresas familiares pueden aportar al nuevo modelo «formación y profesionalidad. Y la experiencia de haber sabido estar en muy distintas situaciones en la cara más real de la economía, cumpliendo con rigor con sus obligaciones tanto financieras como de responsabilidad y empleo».

«La situación es tan grave que ya no admite retóricas ni pérdidas de tiempo», indicó Vega, quien recordó que estas empresas familiares generan más del 80% del empleo privado en el país.

Según explicó el presidente de la asociación patronal, el cálculo de 21.140 millones de euros se ha realizado sobre medidas concretas. «Es difícil pero se puede realizar», incidió; y «el retorno de estas medidas sería apreciable en pocos meses».

Entre las medidas propuestas al Gobierno central destaca el abaratamiento del empleo a través de una reducción de las cuotas de la Seguridad Social, el incremento de la línea ICO para circulante y la reducción del plazo de pago de las administraciones a las empresas, y también entre empresas. También reclaman reducir la fiscalidad de los accionistas de las empresas: «Queremos un trato adecuado y privilegiado para reforzar la entrada de liquidez en las compañías», señaló. Y abogó también por incrementar la productividad vinculando los salarios a este parámetro.

Respecto a las peticiones a la Junta de Castilla y León, destacó la necesidad de acercar empresa y universidades: «Ahora estamos en un entorno muy propicio para llevar a cabo este acercamiento, es necesario incrementar la eficacia de la formación y también que ésta redunde en los beneficios de las empresas».

La reducción de los trámites administrativos y que los servicios y contratos de obra en la comunidad recaigan en las empresas autonómicas son otras de las demandas.

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