Los juzgados de lo Penal mantienen una «corriente permisiva» con los manteros

león

Los delitos contra la propiedad industrial o contra la propiedad intelectual «siguen proliferando en la ciudad de León», según la información manejada por la Fiscalía Provincial de León. Vienen, según la misma fuente, facilitados por la «corriente permisiva» de las sentencias de los juzgados de lo Penal, que en algunos casos, «movidos por sentimientos humanitarios, de lástima o similares» hacia la persona que se sienta en el banquillo utilizan diversos argumentos para dictar una sentencia absolutoria.

«Sin perjuicio de la lástima que pueda provocar la persona juzgada», lo cierto es que en la mayoría de los casos quien va a juicio suele ser originario de algún país asiático o africano que se ha visto obligado por los dirigentes de organizaciones a vender cedés, deuvedés o prendas de vestir. Además de la proliferación de estos hechos dentro de la provincia de León y de que hasta ahora sólo era el último eslabón de una organización asentada en Madrid o en sus alrededores, según las investigaciones policiales en este último año ha dejado de ser una actuación de mero vendedor de los objetos y copias obtenidos fuera de León para llegar a asentarse en una pequeña organización de norteafricanos, quienes tienen alquilados varios pisos dentro de la ciudad. Utilizan aparatos para hacer grabaciones de CDs o DVDs y almacenan estas copias para luego ser distribuidas entre los distintos vendedores.

Como consecuencia de estos hechos se llevó a cabo una investigación por parte de la Guardia Civil, que dio lugar a una causa penal ante el Juzgado de Instrucción número 1 de León. El resultado fue la detención de once personas, la incautación de medios técnicos para hacer múltiples copias de un único soporte, así como el registro de otro piso donde se encontró un número importante de copias preparadas para ser repartidas entre los vendedores. Por lo tanto, desde la Fiscalía se advierte de que ya se ha sobrepasado el nivel del pequeño vendedor que se veía en la necesidad de realizar estas actividades para poder vivir o que se veía obligado por otras personas de su misma nacionalidad -”es gente más cercana a los que dirigen estas actividades y se encuentran afincadas fuera de León-” para alcanzar otro nivel en el que ya se cuenta dentro de León con una pequeña organización, en donde se poseen medios suficientes para hacer copias o poner en el mercado ilícito un número muy importante de copias, contando ya son sus propios pisos alquilados para llevar a cabo esta actividad.

Esto desmuestra que ya no traen los efectos de otras ciudades para venderlos dentro de León. La dificultad respecto a la tramitación de las causas por estos hechos es casi similar a la de los pequeños robos, es decir que la no gravedad de la pena hace que en la mayoría de los casos se opte por no solicitar medida cautelar de prisión provisional. La puesta en libertad implica la dificultad para encontrar al autor de los hechos o incluso la identificación del mismo, ya que utilizan nombres o documentos que no son los que se corresponden con la realidad, como los casos de personas que se encuentran de paso en León. En esta circunstancia resulta prácticamente imposible notificar las posteriores resoluciones judiciales que recaigan en la causa y cuya notificación se considera necesaria. Incluso en algunas ocasiones en las que se ha optado por la expulsión de los autores de estos hechos, el expediente ha sido imposible de resolver porque no se logra identificar realmente a la persona sobre la que recae la orden.

En años anteriores, los grupos dedicados a este tipo de delitos eran principalmente procedentes de China, que curiosamente traían las copias desde Madrid o alrededores para venderlas en León. Hay varias condenas en los juzgados de lo Penal por la comisión de hechos tipificados en el artículo 270 del Código Penal, que han determinado la explusión de los responsables de estos delitos. Sin embargo, las personas a las que se les suele intervenir los objetos copiados o falsificados son miembros utilizados pro las organizaciones a las cuales es muy difícil desarticular por «el compromiso de silencio», a veces obligado, que adquieren con las proveedores de los objetos previamente robados.