El tribunal condena a tres años al general Vicente Navarro por un delito de falsificación
La Audiencia castiga con cárcel las identificaciones erróneas del Yak
Dieciocho meses de reclusión para el comandante Ramírez y el capitán Sáez por complicidad
El general Navarro, en una imagen de archivo, a su llegada al tribunal
madrid
La Audiencia Nacional castigó ayer con penas de cárcel las erróneas identificaciones de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, ocurrido en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo del 2003. El tribunal considera probada la responsabilidad criminal de los tres acusados, que cometieron un delito de falsedad en documento oficial. Al general de división Vicente Navarro, máximo responsable del equipo de repatriación de los cuerpos, le corresponde una condena de tres años de prisión, mientras que a sus dos subordinados, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, les imponen sendas penas de año y medio de reclusión por ser cómplices de su superior.
El tribunal fija además multas de seis meses a razón de 10 euros al día (1.800 euros) y dos años de inhabilitación para el general Navarro, y una sanción económica de 900 euros y un año de prohibición para el ejercicio de sus funciones tanto al comandante Ramírez como al capitán Sáez. Asimismo, a los tres inculpados se les impide el derecho a sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.
Al general médico, como autor único del delito de falsedad, la Justicia le condena asimismo a indemnizar con 10.000 euros a los herederos de cada uno de los 30 militares mal filiados. En el caso de que el oficial retirado no abone la reparación, serán sus dos subordinados los que hagan frente al pago de los 300.000 euros. Y si en última instancia esto no se produjera, corresponderá al Estado pagar esa cantidad como responsable civil subsidiario.
El fiscal pedía más pena
Por otra parte, el tribunal decidió absolver a las tres compañías de seguros imputadas en el proceso de cualquier compromiso indemnizatorio, tal y como pedía el Ministerio Fiscal y una de las tres acusaciones particulares personadas en la causa. Las condenas impuestas por el tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez son inferiores a las peticiones de la Fiscalía, que en su escrito final de conclusiones solicitó para el general Navarro la pena de cinco años de cárcel, inhabilitación por ese mismo periodo y multa de 30.000 euros, mientras que para el comandante Ramírez y el capitán Sáez había pedido cuatro años y medio de prisión y una sanción de 24.000 euros, respectivamente.