Rectificarán todas las evaluaciones de impacto irregulares

El delegado territorial ha encargado un informe para que «se revisen con lupa» todos los expedientes sobre proyectos de nuevos parques eólicos en tramitación y si las resoluciones judiciales afectan a alguno de los procesos administrativos ya concluidos o a los que tendrán que realizarse en el futuro. Según sus datos, actualmente hay 17 proyectos en marcha, unos con el trámite administrativo sin concluir y otras que están siendo recurridas en vía administrativa o contenciosa. «La idea es saber cómo afecta la sentencia hacia atrás y cómo afecta hacia adelante», manifestó Eduardo Fernández.

Ante esta situación de incertidumbre y para evitar llevar a la Comisión de Prevención Ambiental proyectos que pueden ser tirados, la Junta no va a seguir realizando evaluaciones ambientales como se venía haciendo «hasta saber si el tenor literal de la sentencia hace que tengamos que variarlo». «En este momento -”dijo rotundo-” no nos planteamos llevar a la comisión ningún expediente más para aprobar hasta que esta cuestión jurídica se haya aclarado».

Dispuestos a todo. Fernández está dispuesto a rectificar las evaluaciones de impacto ambiental que ya se han realizado de forma simplificada y hacerlo de forma ordinaria, uno de los asuntos más cuestionado por parte de los jueces. Recordó que actualmente hay ocho parques en funcionamiento, uno de ellos, el de Lucillo, recurrido. También que hay siete en construcción, de los que uno (San Feliz) ha sido anulado. Asimismo, de los que están en tramitación administrativa ha sido anulado el parque Murias II y suspendidos cautelarmente Curueña I, Salce y Villabandín II. «Los temas formales, si hay que corregirlos, se corrigen. No hay problema en hacer una nueva evaluación. El problema es si hay que hacer diez o quince distintas o agruparlas todas en una». Ésa es la pregunta que se hacen una y otra vez en la Junta: ¿Cómo se obliga a los promotores a que concurran todos en un único expediente para evitar la fragmentación?»

Respecto a las evaluaciones que ha realizado la Junta, el TSJ es determinante. Según los magistrados «no cabe duda», en contra del criterio de Medio Ambiente, de que la zona en litigio es «un área de sensibilidad ecológica» y que el proyecto presentado, similar a todos los que se están tramitando, «no es un parque, sino una parte de un parque porque en sí mismo no es autosuficiente». Además se dice que las evaluaciones deben tener en cuenta elementos que no tuvieron, como las líneas eléctricas de evacuación o las subestaciones colectoras.