Una propuesta de Aguirre reabre el debate de la autoridad de los profesores en las aulas

Esperanza Aguirre ha abierto la vía para convertir a los profesores en agentes de la autoridad. Agredir a un docente en la Comunidad de Madrid podría conllevar pena de cárcel, al ser considerado un «atentado contra la autoridad». Será así de prosperar su iniciativa para convertir «a todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria» en «autoridad pública» mediante la denominada Ley de Autoridad del Profesor cuyo mero, anunció, generó una viva polémica y sembró la división entre profesores y padres.

La Ley de Autoridad del Profesor fue la propuesta más llamativa de la presidenta del Madrid durante su discurso en el Debate del Estado de la Región. Una alocución en la que Aguirre hizo una encendida defensa de los profesores, para los que reivindicó una «autoridad que se les ha usurpado». Quiere Esperanza Aguirre que recuperen esa autoridad y la apliquen en escuelas, colegios e institutos para desempeñar la «importantísima labor» que desempeñan. Entiende la presidenta que la autoridad del profesor «no está al mismo nivel que la de los niños y necesita el respaldo moral del Gobierno».

El proyecto de Ley que defendió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Aguirre, que será remitido en las próximas semanas a la cámara regional para su debate, reconoce al funcionariado docente el rango de «autoridad pública», el mismo que tienen los jueces, policías que estén prestando servicio, los pilotos y marinos al mando de aviones y navíos y los inspectores de sanidad y educación, a quienes les dota de una «protección jurídica especial».

Considera además como «graves» las faltas cometidas contra los profesores, unas agresiones verbales o físicas que proliferan en aulas y escuela y ante las se sienten desamparados. Por lo común acaban en una multa pero en el futuro podrían acarrear una pena de cárcel para alumnos y padres agresores. El Código Penal tipifica en sus artículos 550 a 553 los «atentados» contra la autoridad en los que estarían incluidos los funcionarios docentes con esta nueva Ley, y determina penas de prisión de uno a cuatro años de cárcel y multas de tres a seis meses a «toda persona que agreda, emplee al fuerza, se resista gravemente o intimide a una autoridad pública».

Contradicción. Horas más tarde de la intervención de Aguirre, su consejería de Educación difundió una nota en la que anunciaba que la futura Ley de Autoridad del Profesor que el Gobierno regional madrileño va a impulsar no entrará en materia penal, ya que se trata de una competencia del Parlamento nacional, y se limitará a desarrollar la legislación para que los docentes gocen de buen trato y consideración. Para la Consejería de Educación madrileña, la Comunidad «tiene competencias para reconocer por ley la autoridad pública de los docentes y su presunción de veracidad en informes y actuaciones». «No está previsto que la futura ley autonómica entre en materia penal, que obviamente es competencia de las Cortes Generales», apunta la nota.