Sólo trece leoneses solicitan al Gobierno la reparación moral por la represión franquista
La Ley de Memoria Histórica fija el derecho al reconocimiento personal por persecución política
Después de un año desde que el Ministerio de Justicia estableciera el mecanismo formal para solicitar el reconocimiento personal por persecución, condenas y sanciones u otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa tan sólo trece leoneses han tramitado la petición al departamento de Derechos de Gracia. Solamente cinco han obtenido la declaración.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, se han presentado un total de 776 solicitudes que afectan a 750 personas -”en algún caso hay más de una petición para la misma persona-” procedentes de todo el país y se han expedido 153 declaraciones. Tan sólo trece han sido denegadas.
El artículo 4 de la Ley contempla el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes «durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa».
Estas razones incluyen la pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual.
Mediante esta declaración, señala el ministerio de Francisco Camaño, «la democracia española honrará a aquellos ciudadanos que padecieron directamente la injusticia y los agravios derivados de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista».
Un desagravio moral que se concreta en aquellas personas que por estos motivos «perdieron la vida y también a quienes perdieron su libertad al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras».
La declaración puede ser reclamada también por aquellas personas o familiares que «perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y en tantos casos, irreversible exilio», señala la Ley de Memoria Histórica.
El documento de reconocimiento se asienta sobre los artículos 1 y 2 de la Ley de Memoria Histórica, que reconocen el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y declaran «el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal» por motivos políticos, ideológicos, creencias religiosas, formas de vida o conductas sexuales.
La declaración es compatible con el resarcimiento económico a que hayan podido optar las personas represaliadas o sus familiares, pero en sí misma no implica compromiso del Estado para indemnizar a las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura de Franco.
En León, unas 1.500 personas se acogieron a las indemnizaciones por prisión que el Estado dio a principios de los 90 y la Junta a partir del 2004.