PSOE y PP emprenden una ofensiva para luchar contra la corrupción
Los partidos mayoritarios negocian un acuerdo para los ayuntamientos
Alguna consecuencia positiva debía tener el estallido de los casos Gürtel y Pretoria y antes el Malaya o cualquier otro; los dos partidos mayoritarios han acometido una ofensiva contra la corrupción, tanto interna como municipal o autonómica. El PP aprueba este lunes un Código de Buenas Prácticas para sus dirigentes y cargos públicos; populares y socialistas negocian un acuerdo para poner coto a las corruptelas en los ayuntamientos; y el Congreso y el Senado estudian la difusión pública de las actividades y bienes de los parlamentarios.
El PSOE y el partido opositor saben que la corrupción gangrena sus expectativas electorales por la desafección que despierta entre los ciudadanos, que por primera vez en mucho tiempo sitúan este fenómeno delictivo como uno de los problemas importantes de España.
Han pasado de la retórica condenatoria a los hechos. El comité ejecutivo nacional del PP aprobará en su última reunión del año el Código de Buenas Prácticas, redactado bajo la coordinación de la vicesecretaria de Organización, Ana Mato. El texto es la respuesta de los populares al daño causado en sus filas por el caso Gürtel.
El código gira en torno a dos ejes: la regulación de los regalos que pueden recibir los altos cargos y dirigentes, y reforzar los mecanismos de supervisión de las contrataciones internas. El PP establecerá que los presentes que se puedan recibir no tengan un precio por encima de lo que se entiende como muestra de cortesía ni rebasen los usos sociales.
Los populares trabajan también en un segundo frente, estas vez con los socialistas, para acabar con los casos de corrupción municipal. Los responsables de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, y su homólogo en el PP, Juan Manuel Moreno, negocian un pacto para evitar casos como el de la trama Pretoria, que salpicó a consistorios catalanes gobernados por los socialistas. El dirigente popular entregó al del PSOE el documento con 50 medidas anticorrupción aprobado por el partido opositor en la asamblea intermunicipal de Barcelona.