Ni justa ni legal

La legislación española impone que determinados cargos de la administración, como pueden ser los subdelegados del Gobierno —a nivel provincial— o los directores generales —en los ministerios— tienen que ser elegidos entre los componentes del funcionariados. Pero el actual Gobierno del PSOE y Unidas Podemos acumula desde que se constituyó en enero un total de 26 excepciones a esa norma. Eso ha indignado al colectivo de trabajadores públicos que ha optado por presentar una impugnación contra estas medidas. La última de la que se ha tenido noticia es la designación de la persona que liderará la dirección general del Instituto para la Transición Justa. Tras conocer este paso, la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) ha difundido que hasta el momento ha impugnado ya ante el Tribunal Supremo una veintena de estos nombramientos.

Precisamente de ese instituto dependerá buena parte de las inversiones que se aguardan en la provincia para superar el agujero dejado por el carbón.