Experiencia en el salario mínimo

El llamado ingreso mínimo vital ha nacido envuelto en una polémica que ya se generó en su día con las ayudas a la dependencia. La decisión del Gobierno de entregar su gestión a las provincias vascas y a la navarra ha llevado a varias autonomías, entre ellas a Castilla y León, a reclamar igualdad entre territorios. El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defiende la gestión que se hace en la Comunidad de los recursos sociales y la eficacia de la Junta en la renta garantizada de ciudadanía. Carriedo, preguntado por la capacidad de Castilla y León en el caso de que tenga que gestionar el ingreso mínimo vital, recordó que en esta autonomía está recogida desde 2007 en el Estatuto de Autonomía dicha renta. Carriedo explicó que ésta es la Comunidad que «mejor gestiona» los servicios sociales y el de dependencia, a pesar de que tiene «menos recursos que otras autonomías». Recordó que País Vasco y Navarra tienen un sistema de financiación diferente y recogen más recursos económicos «lo que no significa ser más listos y tener más ideas, ni hacer mejores propuestas». La víspera, el presidente Mañueco recordó que la renta garantizada de ciudadanía tiene más de 15.000 perceptores en la Comunidad.