¿De quién es España?

De los españoles, es decir, de todos y de cada uno de ellos, no sólo de los rentistas, de los tenedores inmobiliarios, de los fondos buitre, de los partidos políticos, de los jueces, de los abogados, de los ricos o de los especuladores, de suerte que es imprescindible, por tratarse de un derecho fundamental, que todos y cada uno de los dueños del solar patrio dispongan, cuando menos, de un techo bajo el que guarecerse y de un hogar en el que vivir y refugiarse de las añagazas de los colectivos anteriormente mencionados. Sin embargo, la realidad condena a la mayoría de los titulares de esa multipropiedad nacional a entregar el fruto de su trabajo a quienes parecen haberse apoderado de la totalidad de ella. O dicho de otro modo: el precio de compra de la vivienda es prohibitivo, el alquiler succiona el salario íntegro de cualquier joven trabajador y las leyes al respecto respaldan la infamia del caso de Maricarmen y de tantos otros similares cada día. La derecha esquiva su responsabilidad en ese sindiós escudándose en que el problema de la vivienda, el principal del país, es un asunto muy complejo. La derecha, indisimuladamente al lado de rentistas y especuladores, aboga por el libre mercado, pero, en realidad, por el libertinaje del mismo, y el frágil gobierno de izquierda sabe que meterle mano de verdad al problema le acarrearía no sólo el golpe blando por tierra, mar y aire que sufre desde hace ocho años, sino otro más duro si cabe. Pero, ¿es muy complejo, como se dice, el problema de la vivienda? No tanto: construcción y mantenimiento de tantas viviendas sociales como se necesiten y, mientras, prohibición a los tenedores de explotar más de dos propiedades en alquiler, sean particulares, empresas o fondos buitre, reducción a la mitad o a la cuarta parte de los pisos turísticos existentes, contratos indefinidos de alquiler a precio asequible y con garantías jurídicas para las partes, cese de los desahucios sin alternativa habitacional y, en los casos más escandalosos por antisociales, expropiación. Medidas todas ellas proporcionadas a la magnitud del problema. ¿De quién es España? Para los de la pulserita y la «prioridad nacional» según para qué nacionales, de ellos, pero no es de ellos, sino de todos, particularmente de aquellos, la mayoría, que se matan a trabajar honradamente para sacar adelante sus vidas y las de sus hijos, y que pagan sus impuestos como no lo hacen los que más debieran.

La situación de la vivienda, en fin, no es un problema irresoluble ni complejo, sino la máxima expresión de otro, el de la cronificada injusticia social. Y contra ella, plantándole cara como no han hecho los que supuestamente les representan en las instituciones, han salido a la calle y acampan en Sol los estafados de la multipropiedad.