Maricarmen:la verdad no cabe en una foto
Maricarmen minutos antes de ser desahuciada, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España).
En España basta a veces una fotografía para zanjar un debate que ni siquiera había empezado. La foto: una anciana, una camilla, varios policías. Ya tenemos víctima, culpables y verdugos. Leer lo que dijeron los tribunales es una impertinencia. Preguntarse por los derechos de la otra parte, una provocación.
Pues habrá que provocarla.
El desahucio de Maricarmen Abascal, a sus 87 años, es una imagen muy dura. Después de siete décadas en una vivienda, salir de ella significa perder mucho más que unas habitaciones. Hay una vida entera en esas paredes.
Y algo así merecería una solución digna. Pero, de ahí a convertir cualquier pretensión suya en un derecho indiscutible y universal, hay un trecho que hemos recorrido demasiado deprisa.
Maricarmen no fue desahuciada por dejar de pagar. El conflicto giraba alrededor de la duración de un contrato firmado por su padre en 1956, que pasó primero a su madre y después a ella. La LAU de 1994, impulsada por el PSOE, acababa con la continuidad de esa segunda subrogación. La Audiencia Provincial declaró extinguido el contrato y el Supremo inadmitió el recurso en 2023, dejando firme la resolución. Pagar el alquiler era cumplir una obligación, pero no otorgaba, por sí solo, el derecho a permanecer indefinidamente.
Conviene contar también lo que incomoda al propietario. Maricarmen ganó en primera instancia. Su defensa tenía argumentos que un juzgado aceptó. Y tampoco llevaba veinte años ocupando ilegalmente el piso: la aceptación de las rentas por las herederas del dueño había dado lugar a renovaciones tácitas. Quien quiera despachar esta historia llamándola okupa se equivoca claramente.
Hasta aquí los hechos. Ahora viene lo difícil de tragar: aceptar que una persona puede ser vulnerable y que pierda un pleito con fundamento. Que la compasión no prolonga automáticamente los contratos. Que una sentencia puede ser jurídicamente explicable y su ejecución plantear preguntas humanas muy serias.
La entrevista de ABC a Ignacio Lázaro, miembro de la antigua familia propietaria, añade una voz que merece escucharse. Según cuenta, su abuelo llegó de Aragón, levantó un negocio y compró el edificio con el trabajo familiar. Sus tías mantuvieron a Maricarmen en la vivienda durante años, pudiendo haber instado el final del contrato. Esa familia vendió después el inmueble; fue otra sociedad la que promovió el desahucio. Conviene distinguirlas, aunque el villano colectivo resulte más cómodo.
Lázaro describe a una vecina difícil y poco agradecida. Ese juicio le pertenece. A mí me interesa menos: los derechos no se tienen por simpatía. Pero tampoco la edad convierte a una persona en moralmente infalible. Las canas no siempre son venerables.
Lo relevante es la facilidad con que borramos los derechos del propietario en cuanto aparece una historia conmovedora al otro lado. Tener un inmueble o alquilarlo tampoco convierte automáticamente a su dueño en un depredador.
El Banco de España estimó en su Informe Anual 2023 que el 92% de las viviendas principales en alquiler de mercado pertenecía a particulares. Entre ellos están nuestros padres y abuelos, esa clase media ahorradora que ha puesto el esfuerzo de toda una vida en un piso.
Pronunciar «rentista» como quien dice «culpable» permite ahorrarse una realidad bastante más incómoda. Cobrar un alquiler no es una falta moral. Los derechos de esos pequeños ahorradores merecen protección, aunque estropeen la película de buenos y malos.
Defender la vivienda digna exige discutir quién la garantiza, cómo se paga y qué obligaciones corresponden a cada cual. Ahí empieza la política de verdad.
Eso es lo que debe hacer un Gobierno, y no ordenar a los propietarios que resuelvan un problema colectivo. Exigir solidaridad con el patrimonio ajeno es bastante más cómodo que financiarla con un presupuesto y responder de los resultados.
Ahora Maricarmen ha aceptado un acuerdo para regresar, con un nuevo contrato de ocho años y una renta vinculada a sus ingresos. Me alegro. La mediación y la presión social han acompañado la búsqueda de una salida que protege a una mujer muy mayor.
Reconocerlo no obliga a considerar ilegítima la reclamación de la propiedad.
Y ahora me pregunto ¿qué ocurre con quien necesita una ayuda semejante y no tiene cámaras en el portal? ¿Con la familia que abandona su vivienda en silencio o el joven que ni siquiera consigue entrar en una? Una política de vivienda tiene que responder también cuando nadie está mirando. No se trata de administrar votos, sino derechos.
Maricarmen merecía protección. La propiedad tenía derechos. Y los ciudadanos merecemos algo mejor que una historia recortada para indicarnos de quién debemos estar a favor.