‘Defender la frontera. Traidores a prisión’

Así rezaba una pancarta en la concentración del Día de Ceuta en Vigo. El mensaje es irrebatible. Defender la frontera es obligación ineludible del Gobierno central, responsabilidad primera del Ministerio de Defensa y del de Interior. Nadie puede atravesarla sin permiso. No cumplir ese mandato, y más si es de forma reiterada, debería ser motivo de dimisión inmediata o de cese fulminante.

Y si alguien propició —por acción, por omisión, por incompetencia, por dejación o por intereses siniestros— que la invasión se produjera, debe ser arrestado, apartado de sus cargos y procesado. Y si se observara incumplimiento de sus obligaciones constitucionales o traición al Estado, el Estado mismo debe encarcelarlo con las penas que correspondan. ¿Alguien puede estar en desacuerdo? Claro que no. Y si alguien desatiende sus obligaciones de resolver este grave conflicto, el cual pone en crisis los límites territoriales y a poblaciones españolas enteras, y consiente en mantener invadida una sociedad española estupefacta, que demora sin fecha la toma de medidas, que no moviliza los recursos de emergencia del Estado, que no se anticipa con la toma de medidas —radicales y disuasorias— de defensa de la frontera para evitar invasiones próximas, también habrá de ser encausado bajo las penas más severas. ¿Alguien puede estar en desacuerdo? Claro que no. Y si, dados los antecedentes y dadas las aspiraciones de ocupación manifestadas por el país vecino, los máximos responsables de los ministerios competentes no refuerzan la ridícula valla fronteriza ni prolongan las escolleras, no incrementan la insignificante vigilancia marítima, no multiplican la presencia policial y militar —ahora ínfima— y la dota con todos los medios de vigilancia, defensivos y ofensivos precisos para anticiparse a nuevas invasiones o entradas ilegales, estarán incurriendo en incumplimiento flagrante de lo jurado en sus tomas de posesión. Deberán ser sometidos a juicio ante tan manifiestos indicios de delito. ¿Alguien puede estar en desacuerdo? Claro que no. Y si los gobernantes con competencias para ello no blindan absolutamente el límite territorial, tan amenazado, si no defienden de manera indiscutible la soberanía del Estado, si no recuperan de la forma más inmediata el orden público y el

modus vivendi de las sociedades españolas invadidas, son responsables indiscutibles del riesgo en que se pone al país, día sí día también, dejando al capricho de decisiones extranjeras la violación de nuestras fronteras con impunidad. En este caso, todo el mundo desearía que fueran apartados de sus cargos y que fueran juzgados por si se apreciaran graves delitos como los basados en la incompetencia, en la prevaricación, en la complicidad por colaboración con extranjeros o en la traición. ¿Alguien puede estar en desacuerdo? Claro que no. Toda España, todos los españoles, incluso los más separatistas y odiadores de concepto de nación hispana, e incluso los más incondicionales de los partidos gobernantes, sienten en el fondo de su pecho una cuchillada terrible y atávica que hiere su alma y la de sus antepasados ante estas noticias e imágenes del país invadido. Sienten como se recalienta la sangre de su corazón y, en público, en privado o en el silencio íntimo de su mente, se proclama el imperativo: «¡Defender la Frontera!». Y surge enseguida, de los valores de la honestidad de cada uno, la otra exigencia de la pancarta: en caso de que existan, «Traidores a Prisión». ¿Alguien puede estar en desacuerdo? Claro que no.

Todos los españoles, incluso los más separatistas y odiadores, sienten en el fondo de su pecho una cuchillada