Diario de León
Un ciudadano introduce su voto en la urna mientras los miembros de la mesa electoral supervisan el proceso durante la jornada de votación

Un ciudadano introduce su voto en la urna mientras los miembros de la mesa electoral supervisan el proceso durante la jornada de votaciónGetty Images

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Lo tengo comprobado. No hay cosa que fastidie más a mis amigos de izquierdas que decirles que las elecciones de febrero de 1936 fueron fraudulentas. Unas elecciones en las que, curiosamente, mi padre fue interventor de los candidatos del Frente Popular.

Ni ellos ni yo estábamos allí, ni tampoco ninguno de nosotros tiene datos irrefutables para decir una cosa ni la contraria, pero cuando se ponen tan «dignos», a mí me gusta contradecirlos con datos. Datos que proceden del monumental estudio de los profesores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, que lleva por título 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, en el que se sigue, casi minuto a minuto, tanto la campaña como las votaciones, incluida la dimisión, forzada por las manifestaciones izquierdistas, del presidente del Consejo, Portela Valladares. También el posterior recuento a cargo del nuevo gobierno de Azaña, un tema en el que nadie quiere entrar. A todo esto hay que sumar las maniobras de socialistas y comunistas en la Comisión de Actas del Congreso para privar a los principales líderes de la derecha de sus escaños; cosa que no se llegó a consumar por la intervención personal del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.

En las aulas se explica el fraude electoral generalizado durante la Restauración, los famosos «pucherazos», pero la República se suele presentar como la versión laica del dogma católico de la Inmaculada Concepción.

Feijoo alimenta las sospechas de que en las próximas elecciones podría haber fraude y advierte contra el voto por correo. Se supone que sabrá del tema, pues para algo fue presidente de Correos. Por si fuera poco, hay quien lo acusa a él de ganarle las elecciones para presidir el PP gallego a José Manuel Barreiro, moviendo afiliados de unas agrupaciones a otras.

Estas maniobras deben de ser bastante habituales dentro de los partidos, pues Pedro Sánchez también fue acusado de haber intentado un pucherazo, con la complicidad de Koldo, en la reunión del Comité Federal de 2016, en la que finalmente tuvo que dimitir como secretario general.

Más recientemente, un militante socialista lucense, que negaba cualquier posibilidad de fraude con la «ley de nietos», admitía la posibilidad de que, al ex alcalde de Lugo, Clemente López Orozco, le hubiesen birlado los apoyos para su candidatura al Senado dentro de su propio partido, como este último denunció.

Con respecto al tema del voto exterior, en Galicia, donde manda el PP, existe el cargo de secretario general de Emigración, que desempeña Antonio Rodríguez Miranda, quien acaba de volver de una gira por Argentina, Uruguay y Venezuela, según él «con un balance centrado en dos cuestiones: la situación de los gallegos en el exterior y las dificultades de los descendientes para acceder a la nacionalidad española». Viaje, todo hay que decirlo, para regar a esos potenciales votantes con abundante dinero.

Aun así, el PP le tiene miedo al PSOE con la «ley de nietos», que al parecer fue un coladero por el que obtuvo la nacionalidad gente que no tenía nada que ver con los descendientes de los exiliados de la guerra. Aquí lleva ventaja el gobierno y, encima, acusan a Albares de permitir el voto en embajadas y consulados sin una correcta identificación de los votantes.

Esto mismo es lo que pasa en muchos estados norteamericanos, en los que se puede votar sin presentar un documento con foto, hecho que Trump utilizó, junto con el voto por correo, para acusar a los demócratas de haberle robado la anterior presidencia.

Volviendo al voto por correo, la presencia de Leire Díez, «la fontanera», como directiva de esa empresa pública durante los últimos procesos electorales no es que nos dé mucha confianza en el proceso.

Pero lo más grave de todo, por la vagancia que supone, es el hecho de que algunas juntas electorales no sumasen los resultados, mesa a mesa, como marca la ley, sino que diesen por buenos los datos provisionales que facilitaba la empresa Indra.

Así están las cosas, y aún menos mal que Von der Leyen no sospecha de injerencia rusa y no maniobra para que se suspenda o inhabilite a algún candidato incómodo. ¡De momento!

La presencia de ‘la fontanera’ en Correos en los últimos procesos electorales no es que dé mucha confianza

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