Diario de León

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U n fontanero no puede ejercer de médico; una panadería no puede vender medicamentos, al menos en España; una peluquería no puede vender carne o pescado... Parece lógico y aporta seguridad a nuestras vidas. Sin embargo, en este país, ahí al lado de su pueblo, en plena carretera, o en el centro de la ciudad, hay naves con licencia de bar de copas, hotel u ocio nocturno y pisos cuya actividad real es la prostitución y todas las instituciones miran para otro lado.

Que si no existen porque no tienen marco legal. Que si no pueden intervenir porque tienen una licencia fiscal legal... Que si la seguridad jurídica... Que si las mujeres son libres de vender su cuerpo... ¿Queeeé? Todas las instituciones tienen excusa para encogerse de hombros mientras las luces de neón se vuelven a encender cada tarde y las secciones de relax promocionan la venta de carne y fluidos de mujeres y travestis.

En 1987 abrió en León la primera casa refugio para víctimas de violencia machista. No había estadísticas de maltrato. Sólo algunos policías y guardias civiles contaban buenamente y como podían las escasas denuncias que llegaban. Diez años después, José Parejo asesinó a su exesposa, Ana Orantes. La quemó viva. Aquel crimen, casi televisado, fue el punto de inflexión en la violencia de género. Desde 2003 hay estadísticas de asesinadas y desde 2004 una ley. La sociedad ha cambiado mucho y queda mucho por cambiar.

Hoy se tolera hablar de ‘locales de alterne’ como eufemismo de una realidad que nos quema y cuyos nombres son explotación sexual de mujeres, esclavitud sexual, proxenetismo. La Agencia Tributaria y la Junta de Castilla y León lo permiten. Con su ceguera alientan el lucro de los prostíbulos y dicen que no les pueden meter mano porque no los ven. Encubren a los defraudadores y puteros que se mueven en las sinuosas aguas de la delincuencia internacional con un guiño y una sonrisa cínica que enton el mantra de que las guarras son ellas, las que quieren ser explotadas son ellas, las que vienen desde Colombia, Nigeria o Rumanía son ellas. Y las que tienen que pagar deudas interminables y hasta por los Kleenex que usan en la sórdida habitación son ellas. A ellos no se les ve ni se les oye ni se les siente. Solo las putas conocen sus rostros. Nadie quiere saber.

La Policía y la Guardia Civil buscan a extranjeras sin papeles o destapan redes de trata. Incluso han puesto un teléfono de denuncias: 900 105 090. Difícil misión menguada siempre por la ley. ¿Qué ley? La ley no escrita del patriarcado que cosifica los cuerpos de mujeres, niñas y travestis y los convierte en mercancía lubricada y sometida. El Covid-19 ha puesto el foco en los prostíbulos. Es un paso. Hace falta que la luz política sea nítida y apague las luces de neón. Para que las mujeres nos sintamos seguras. Y para que algunos hombres entiendan que violar no es follar.

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