PENSIONES

PENSIONES La reforma de las pensiones, en nuestro país, va ha suponer un paso atras en el contexto de los derechos adquiridos por los trabajadores. La mala situación económica que estamos padeciendo. la mayor parte de los ciudadanos. es el argumento más consistente que han utilizado los responsables políticos para comenzar el diseño de la reforma. Una de las medidas más polémicas, que se ha planteado. es la prolongación de la edad de jubilación. Dos años más que en la actualidad. De 65 a 67 años, es decir a las puertas de la ancianidad. Parece que nuestros políticos apuestan por evitar que se disfrute de esa segunda juventud que todos deberíamos tener derecho. Quieren evitar que se colabore en las tareas de las familias cuidando de los nietos. Se pretende impedir que los conocimientos de la experiencia de la vida se transmitan a las generaciones venideras condenando a las personas mayores a continuar trabajando en el andamio. En el otro lado y fuera de la reforma quedan todos aquellos que tienen en su mano cambiar la ley actual sobre las pensiones. No hemos escuchado que también se van ha eliminar los privilegios que tienen nuestros políticos no solo en materia de jubilaciones si no en cuanto a todo lo relativo a los impuestos. Los trabajadores no nos libramos de que hacienda sea implacable sobre todo a los que trabajan por cuenta ajena. Ni un solo euro se escapa del control. Sin embargo la relajación con la que se mira a la clase política roza la desfachatez. No contribuyen de igual manera a las arcas del estado. Algunos parlamentarios autonómicos disfrutan de una serie de privilegios que tenemos vetados el resto. Estos privilegiados destinan unos 150 euros cada mes a pagar impuestos mientras la media para el resto es de casi 880 euros. Hay un dato que se nos abren las carnes y que todos deberíamos conocer. Cualquier concejal que sea cesado de su cargo por escándalo de corrupción continua recibiendo dinero público. Un privilegio que no está sometido a un planteamiento de reforma. Otro privilegio sangrante es el que diseño el señor Puyol seis meses antes de finalizar su mandato. Aprobó una ley en la que todos los ex-presidentes catalanes después de cesar podrían cobrar una pensión equivalente al 80 de su sueldo, durante la mitad de los años de su mandato. Puyol cobra en la actualidad anualmente 77.000 euros hasta 2014. Después percibirá una pensión vitalicia por valor de 57.600 euros. También otro ex presidentes tienen sus privilegios que pagamos los españoles. Ibarretxe se asignó una cuantía de 45.000 euros de pensión, la mitad de su sueldo cuando ejercía de Presidente autonómico. Todo esto es una muestra de cómo se nos trata a los ciudadanos, por parte de una clase política, que es totalmente insensible a lo que ocurre en la calle y que como está demostrado ellos si que no arriman en hombro en épocas tan dificiles como las actuales.