Editorial | Una solución a los peajes justa y equitativa

Los 2.300 millones con los que el Gobierno va a gratificar a los usuarios de la gallega AP-9 y la inminente supresión de los peajes en otras vías de Cataluña y Aragón ha desencadenado la justa la reivindicación de León y Asturias para levantar las barreras de la AP-66, que en el caso de la provincia debería extenderse a la AP-71. De ninguna manera se entendería que el Gobierno no se avenga a esa reclamación conjunta, porque lo contrario supondría un agravio histórico, tan grave como el que en el año 2000 supuso la prórroga por 39 años de la explotación de la León-Campomanes como compensación por la construcción de un tramo de la AP-9. Sin esa prórroga, la barrera debería haberse levantado en apenas una semana, pero se dilató hasta 2050.