Editorial | La discriminación a los mayores requiere una solución que sea eficaz
Desde hace ya bastante tiempo se ha intentando activar a las personas mayores con movimientos como las ‘panteras grises’, con las «pensiones justas» como eje central o con demandas concretas sobre el Estado de Bienestar. Pero ahora parece que el hartazgo supera con creces todas las circunstancias anteriores, porque se sienten víctimas de una situación de auténtica discriminación que les afecta en asuntos tan fundamentales como la asistencia sanitaria, el acceso al servicio bancario o la realización de cualquier trámite burocrático. El no saber utilizar las herramientas digitales genera un aislamiento absoluto de la persona, derivando en indefensión y en incapacidad para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que le imponen las diferentes instituciones. El «soy mayor, no idiota» sirve para mostrar el conflicto que se hace especialmente duro en España para ocho de cada diez mayores de 65 años, que no saben cómo hacer sus gestiones utilizando las nuevas herramientas digitales.
En los territorios con mayor nivel de envejecimiento también se acentúa lógicamente la incidencia de esta fractura digital que genera para muchos ciudadanos una diferencia insalvable en una situación que se agrava cada día que pasa. En la provincia de León son más de cien mil las personas que tienen más de 65 años. Con esta estimación de que sólo dos de cada diez mayores son capaces de manejarse con el móvil, las app, el ordenador o los temidos contestadores automáticos en los teléfonos, queda claro que son demasiados los leoneses que están literalmente padeciendo un calvario que no se merecen.
El Gobierno debe tomar cartas en el asunto. Recientemente se planteó un cambio para obligar a la atención personalizada evitando los robots telefónicos. Pero por delante hay mucho que mejorar, especialmente en la banca, pero también en servicios de la propia administración, como puede ser la sanidad o las citas previas para realizar trámites.
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