Diario de León
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León

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Padecer una enfermedad rara neuromuscular degenerativa, en proceso de recibir la resolución de incapacidad total, no es suficiente para tener una discapacidad del 33 por ciento, según los criterios del nuevo baremo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que está desconcertando a los profesionales y obligando a los pacientes afectados a acudir a los juzgados. Son daños colaterales de la actualización del procedimiento que estaba en vigor desde 1999 y que ha desatado las quejas de los especialistas que se ven obligados a rebajar el grado de discapacidad ya otorgado. Aún no se conoce el impacto que esta nueva evaluación tendrá en los pacientes porque su implantación es reciente y se están llevando a cabo las primeras tramitaciones pero no pinta bien para el ciudadano de a pie, que tiene que sumar a su padecimiento diario la lucha contra la burocracia administrativa que se ha llevado por delante el amparo del sistema. La consternación de los profesionales y las protestas de los perjudicados dan fe de que algo no se ha hecho bien en esta adaptación «al modelo social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas», como rezaba la orden del Consejo de Ministros que aprobó el Real Decreto.

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