Penalización por una gran chapuza legal

Parece totalmente lógica y entendible la polémica desatada por las graves consecuencias del conflicto generado, al decaer el decreto ómnibus, en el Congreso de los Diputados. Hay unas víctimas evidentes, cientos de miles de españoles a las que se ataca directamente a sus bolsillos. Caben todas las quejas hacia unos partidos que, exhibiendo todo su egoísmo sin ningún pudor, intentaron forzar las cosas sin pensar en los ciudadanos. El Gobierno es culpable por intentar colar en una iniciativa legal todo tipo de asuntos, algunos incluso tan cuestionables como el regalo de un millonario palacio parisino a los nacionalistas del PNV. Mezclar todo es hacer de algún modo chantaje a todos esos perjudicados, a los que se les perjudica en forma de bloqueo a la subida de las pensiones o en el frenazo a los bonos del transporte. La denuncia del PP fue clara ayer: se intentó hacer «escudos humanos» y «rehenes» a esas personas perjudicadas y, en concreto, a los pensionistas.

Pero también cabe la crítica hacia los socios del Gobierno, al que han zarandeado negándole sus votos y situándolo en una postura compleja, cada vez con más frecuencia. Y también se echa en falta una actitud más abierta del Grupo Popular, que conocedor de las consecuencias debería esforzarse más en buscar el diálogo.