Diario de León

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El recurso presentado en el Contencioso por un particular y una empresa contra los recibos de Gersul pone en riesgo las cuentas del Ayuntamiento de León. El problema deriva de un error de gestión, algo que tampoco resulta novedoso con el equipo de gobierno de José Antonio Diez. El problema es que no se tramitó debidamente el respaldo legal a los cobros girados a los ciudadanos por un importe superior a los cinco millones de euros y que se derivan de la gestión de los residuos en el centro de tratamiento de San Román de la Vega y sus plantas de transferencia. El conflicto surge de tres problemas: la tasa no se notificó antes del 31 de diciembre como exige la ley para los nuevos tributos, ni se liquidó el recibo de manera oficial, y ni siquiera está en vigor la ordenanza fiscal para sustentar la estructura legal del cargo. De este modo, se ponen en cuestión más de 86.000 gravámenes que son aplicados a viviendas y empresas del municipio de León. Parece claro que más allá de los lógicos e imprescindibles esfuerzos para legalizar todo esto y evitar el grave perjuicio para las arcas municipales, resulta exigible una explicación. Que se aclaren las responsabilidades, y que exista un contundente propósito de que en el futuro se evitarán nuevas chapuzas en la gestión pública.

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