El polémico peaje cae en un enredo legal

España vive también una situación de desequilibrio con el asunto de los peajes. Los privilegiados, que disfrutaron ya de este tipo de vías en el tardofranquismo, transitan por ellas sin costes al haber caducado las concesiones. Ocurre en buena parte, por ejemplo, de los accesos al País Vasco o Cataluña, o en el corredor mediterráneo. A la otra España, a la que las infraestructuras le llegan siempre con retraso, tendrán que pagar durante años, incluso con ampliaciones. El asunto tiene, si cabe, más conflictividad puesto que sigue pendiente el compromiso enviado a la Unión Europea de empezar a cobrar por el uso de las autovías. Pero el caso de los peajes también tiene sus enredos. Conocido es el problema de la AP-9 (Galicia) y la AP-66 (León-Asturias) a las que se elevó la concesión sin las tramitaciones previstas en la ley. Ahora vuelve Bruselas a la carga y añade un poco más de morbo a un polémico peaje que se amplió sin una licitación abierta a la competencia. Al final, el usuario tendrá que seguir pagando y lo que es peor, quizá con un sobrecoste si llegado el caso de esa pugna entre Bruselas y Madrid se provoca algún tipo de penalización. Se trata de un asunto entre administraciones, con posible intervención judicial, que no debe tapar el problema real, que sufren los conductores y más ahora, con la AP-66 en precario.