Inacción ante el deterioro urbano

El Procurador del Común ha actuado de oficio ante una realidad que considera preocupante desde el punto de vista económico, que es el creciente cierre de negocios comerciales en las ciudades; y sobre todo ante la consecuencia de los locales abandonados que el cese de la actividad provoca. Entradas y escaparates a pie de calle, desde el centro hasta los barrios, en los que la degradación llega a situaciones «contrarias a la higiene», que además contagian una lamentable imagen a la ciudad. Lo denuncia la institución que dirige Tomás Quintana en el caso de León, donde critica al Ayuntamiento por no cumplir su obligación de instar a los dueños de los establecimientos a mantenerlos decentes. Y, en su caso, a actuar subsidiariamente.

Una inacción que el organismo de defensa de los derechos de los ciudadanos considera injustificable, porque «pone en peligro la seguridad y salud de los vecinos», y también «deteriora la imagen urbana». La degradación del estado de las calles de la ciudad es evidente, pero recuerda el Procurador que el Ayuntamiento tiene las herramientas legales necesarias para hacer cumplir a los propietarios con el adecentamiento de sus comercios y talleres; y que además está obligado a ejecutarlas y a sancionar cuando corresponda.