Economía subsidiada como síntoma grave

La política social es imprescindible en una Democracia para hacer eficaz la norma inapelable de que nadie puede quedarse atrás. Las autonomías tenían en marcha desde hace años fórmulas para garantizar ingresos a todos los hogares, como la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León. Pero en 2020 el Gobierno dio un paso al frente, en plena crisis derivada de la pandemia del covid, para impulsar un nuevo sistema con un Ingreso Mínimo Vital que intentó universalizar. Tras un periodo de polémicas, ahora la situación se ha estabilizado y se ha ampliado el número de personas que perciben esta fórmula de subsistencia cuando se acredita la ausencia de ingresos. En la provincia de León se ha registrado en el último año un fuerte incremento. Esa subida del 15% en el número de hogares los eleva a 8.296, con un total de 22.472 personas involucradas en el proceso. El dato tiene una lectura profunda, sobre cuál es la realidad económica que existe y que da la razón claramente a las organizaciones no gubernamentales sobre la degradación que existe en la sociedad, con un número creciente de personas que carecen de un empleo digno con unas condiciones que les permita mantener una situación de normalidad. Incluso cabe una lectura más local, para destacar que en esta provincia las cosas están peor que en el entorno, ya que lidera a nivel autonómico el número de beneficiarios que viven gracias al IMV.