La balanza que pesa sobre el lobo

Antes incluso de las propias previsiones del ministerio, el Gobierno central publicó esta semana la orden por la que se incluye al lobo ibérico en el listado de especies silvestres en peligro de extinción lo que supone la prohibición absoluta de su caza en todo el territorio nacional. La orden llega justo antes de que se inicie el próximo domingo la temporada que había habilitada en Castilla y León para cazar ejemplares, concretamente 113 al Norte del Duero, de los 51 se ubican en la provincia de León, según se estableció en los planes de aprovechamientos aprobados el pasado mes de junio. La Junta de Castilla y León ha encargado un informe jurídico para saber si puede ‘capturar’ de alguna manera esos 113 lobos sobre los que pesaba la sentencia de muerte, mientras que la asociación Ascel, la que impulsó el proceso que ha terminado con el exitoso blindaje del lobo, ha pedido al TSJ de Castilla y León una medida cauteralísima, sin posibilidad a alegación, para que ni se le pase por la cabeza matar un lobo más.

Al margen de la batalla jurídica que se nos avecina, encabezada por las llamadas comunidades loberas, y avivadas por las organizaciones ganaderas, estamos ante un hito histórico para la conservación, ya que por fin se pone a una de las especies más emblemáticas de la península ibérica al mismo nivel de protección y conservación que al oso o al lince.

Ahora solo falta trabajar desde todos los frentes posibles en la nueva Estrategia nacional de conservación y gestión del lobo para garantizar en la medida de lo posible la convivencia de la especie con el sector ganadero. Las ambiguas disposiciones que la propia orden ministerial recoge no terminan de convencer a los sectores más conservacionistas, ya que las medidas de control de la especie, es decir, matar a los ejemplares conflictivos, no serán eliminadas, sino que pasarán a tener carácter excepcional.

Se me hace complicado justificar, tal y como dice la orden, que las medidas de prevención se hayan revelado ineficaces, ante la evidencia de daños importantes o recurrentes en la actividad ganadera. Vamos a necesitar un notario en cada esquina, una fe pública que dependiendo de las manos en la que caida tornará de un lado o otro la balanza.