Siete vidas y un problema
La nueva Ley plantea proteger y apoyar a los cada vez más numerosos gatos callejeros que cada vez tienen más presencia en nuestros pueblos y ciudades. El nuevo texto del Gobierno busca garantizar que sean alimentados y tengan cuidado veterinario a cargo de los ayuntamientos. El objetivo es reconocer un estatus oficial a sus cuidadores voluntarios, prohibir el sacrificio de los animales y optar por la esterilización, lo que se conoce como método CES (Capturar-Esterilizar-Soltar).
Pero la ley no entra a valorar, ni mucho menos a solucionar los cada vez más evidentes problemas que generan estos gatos, ya no solo para aquellos vecinos que no siempre están conformes o cómodos con su presencia, sino para el equilibrio sanitario que puede afectar a otras especies, y en general a la biodiversidad. Y no lo dice una enamorada de los gatos, como la que escribe, lo dicen los expertos que alertan de la necesidad de buscar soluciones más amplias que no sean la de seguir alimentando lo que parece ser un problema que crece al mismo ritmo de las colonias, a pesar de ese esfuerzo que se hace para una esterilización que, a juzgar por ese crecimiento poblacional, y teniendo en cuenta de que se trata de animales en libertad, parece que no siempre es eficaz.
Desde hace años las colonias de León cuentan con el cuidado, y yo diría incluso con la bendición, con una asociación que vela con mimo por sus cuidados, y que se enfrenta en numerosas ocasiones con el rechazo vecinal, el gamberrismo, las conductas incívicas e, incluso, con el robo de los pocos recursos que tienen.
Solo el año pasado, a pesar de muchas dificultades de todos conocidos que precedieron a la pandemia, Argos atendió a 572 gatos en las distintas colonias que hay en León, realizó 443 castraciones, acogió 67 casos extremos y buscó un nuevo hogar a 65 de ellos. Todo este esfuerzo de los voluntarios que dedican su tiempo y su dinero en dar una mínima oportunidad de vida digna a estos animales no puede caer en saco roto por una ley que no entra a abordar un problema en el que ya ha puesto el foco el poderoso lobby de los científicos de sanidad animal y que deja toda la responsabilidad del cuidado de gatos en manos de los ayuntamientos y asociaciones de voluntarios. Una vez más la nueva ley demuestra sus debilidades.