Diario de León

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Opinar sobre algo que escuece a una mayoría muy numerosa, y que responde con un corporativismo que ya nos gustaría a otros colectivos, implica aceptar que te pones a los pies de los caballos de las reacciones extemporáneas de quienes interpretan estas reflexiones como ataques. Y no lo son. Ni tienen por qué ser calladas. Porque responden igualmente a la sensación de otras mayorías menos organizadas, pero con el mismo derecho a defender lo que piensan. Sea acertado o equivocado, si es que alguien tiene la arrogancia de mantener que lo que defiende es la verdad absoluta, esa que no existe. Cada uno tiene sus razones, sus debilidades y sus intereses. Así que, vaya por delante, respeto para todos ellos.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que (de modo ya inaplazable) debe sentar las bases de la inversión y el camino que debe seguir un país que lleva años desnortado por los traspiés políticos y electorales, y ahora camina igual de perdido que el resto de las naciones por la pandemia, establece que el salario de los empleados públicos se incrementará el próximo año. Poco, pensarán seguramente muchos de ellos (un 0,9%); pero sube.

Y lo hace en un entorno de pérdida de empleos, cierre de negocios, ertes y desplome del conjunto de la actividad económica que desde el pasado marzo tiene sumida a la mayor parte de la masa laboral del país en una debacle que de momento se traduce en ruina, paro, pérdida salarial, desazón e incertidumbre sobre su futuro. Trabajadores que, al igual que los empleados públicos, se habían despeñado por la pérdida salarial y de derechos de la gran recesión; y como ellos en la mayoría de los casos no ha recuperado ni de lejos las condiciones anteriores.

En un país donde crecen las colas del hambre y la ciudadanía se aprieta el cinturón y prepara nuevos agujeros para estrecharlo aún más no tiene sentido que el enorme colectivo del empleo público incremente sus seguras y fijas percepciones salariales. El argumento gubernamental de lo que han perdido durante la anterior crisis no es válido frente al resto de los trabajadores, que se vieron en similar situación y ahora rezan por mantener sus recortados empleos y sueldos. Que la subida alcance también a los altos cargos y miembros del Gobierno es un insulto. Mantener las condiciones y prebendas ya era un privilegio en la situación actual. Mejorarlas dudo que sea ético. Desde luego, para nada es estético.

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