Casado, ‘tutor’ autonómico
La relación política entre el líder nacional del PP, Pablo Casado, y el presidente de la Junta y de dicho partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no viene siendo muy fluida. En su momento, el segundo apostó decididamente por Soraya Sáenz de Santamaría en la batalla sucesoria de Mariano Rajoy. Y aunque han pasado ya más de dos años, Casado no perdona, y aquel desencuentro sigue lastrando la confianza entre ambos.
A lo largo de la crisis del covid, el presidente de la Junta ha tenido que realizar verdaderos equilibrios para no demarcarse de determinadas posiciones del líder nacional del PP que no compartía. Así, durante el confinamiento general de la primera oleada de la pandemia, Mañueco secundó sin mucho entusiasmo la oposición de Casado a las últimas prórrogas del estado de alarma.
A finales de septiembre, Castilla y León fue la única comunidad gobernada por el PP que secundó en el Consejo Interterritorial de Salud la estrategia propuesta por el ministro Illa, contrariando con ello la posición del PP nacional. Casado vinculó el voto de la Junta a la adscripción política de la consejera de Sanidad, argumento que desmontó Mañueco al subrayar que dicho voto no respondía a la posición de la consejería sino al de su gobierno en pleno.
Este difícil equilibrio provocó mñas adelante la pifia de la Junta de declarar por las bravas el toque de queda en la Comunidad, ejerciendo una prerrogativa exclusiva del Gobierno de la nación. El gobierno Mañueco consideraba de máxima urgencia la implantación del toque de queda, y sin embargo, para no contrariar a Casado, se inhibió de requerir del gobierno Sánchez la preceptiva promulgación del estado de alarma. La osadía fue desautorizada por el Tribunal Superior de Justicia, que declaró nulo de pleno derecho el toque de queda decretado por la Junta.
Y en estas acabamos de ver al presidente nacional del PP anunciando que las comunidades gobernadas por su partido adelantarán la inscripción del próximo curso para eludir la aplicación de la ley Celáa. ¿Cuenta dicha decisión con el respaldo previo de los respectivos presidentes autonómicos? ¿Han consultado estos a su vez a sus socios allí donde gobiernan en coalición? Por lo que respecta a Castilla y León, por el momento no se tiene constancia de ninguna de ambas cosas.
En todo caso, no parece muy respetuoso con el principio de autonomía política que se le supone a las autonomías el hecho de que sea el líder nacional de un partido quien anuncie una decisión que compete exclusivamente a los gobernantes de cada comunidad. Digo yo. ¿O no?