En proceso disruptivo
En tanto el panorama nacional sigue en un mar de incertidumbres, la deriva que en los últimos meses ha tomado la política en Castilla y León no anima tampoco al optimismo. La eterna asignatura pendiente de la vertebración política, social y territorial de esta comunidad autónoma no solo sigue arrastrándose desde su creación —y hace de ello ya 36 años— sino que se están dando pasos en sentido justamente inverso.
Aunque es todo un síntoma de esa debilidad, no me refiero en concreto al debate identitario desordenadamente abierto en las últimas semanas. Este, y otros síntomas, en realidad traen causa del alarmante ataque de aluminosis que presenta la clave de bóveda que, pese a toda clase de precariedades, ha sostenido, mal que bien, el edificio de esta comunidad. Y que a mi juicio no es otra que el consenso básico y de fondo mantenido durante esos siete lustros por los dos grandes partidos. La aplastante hegemonía del PP nunca fue óbice para que la que los grandes asuntos de comunidad se abordaran siempre mediante acuerdo con la oposición socialista, de forma que el marco institucional y legislativo tejido desde entonces fuera resultado de un esfuerzo común y compartido por encima de esas diferencias ideológicas.
A partir del vigente pacto de gobierno PP-Ciudadanos en detrimento de la fuerza más votada, que no fue otra que el PSOE, los puentes entre los dos partidos mayoritarios han saltado por los aires. Incluso para cuestiones como la reforma del Estatuto de Autonomía, que, al requerir mayoría reforzada, solo pueden salir adelante mediante el consenso de ambos. Y en tramitación están de forma paralela dos proposiciones de reforma del Estatuto condenadas de antemano al fracaso.
Pero lo del Estatuto, que tiene que ver con lo de suprimir los aforamientos, no deja de ser un tema menor. Lo realmente grave es que problemas tan vitales y acuciantes como la despoblación, la ordenación del territorio o la reforma de la Sanidad, lejos de abordarse mediante pactos de comunidad, estén alimentando una confrontación global entre Junta y oposición. Y eso es algo inédito e inaudito que solo puede acarrear perjuicios para todos.
Por romperse, se ha roto incluso el consenso sobre el sistema de financiación autonómica, es decir, la posición a defender por Castilla y León el día que por fin se revise un modelo que penaliza el envejecimiento y la dispersión de la población que encarecen los servicios básicos que presta la Administración Autonómica. Ello al tiempo que el Diálogo Social con patronal y sindicatos viene tambaleándose seriamente desde que gobierna bipartito que preside Alfonso Fernández Mañueco.
La quiebra de ese sentido de la comunidad compartido por PP y PSOE supone un proceso disruptivo que no tiene visos de que vaya a remitir.