Diario de León

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Especialmente a toro pasado se pueden recopilar cantidad de argumentos para criticar la gestión sanitaria del Gobierno Sánchez en torno a la pandemia. Ahora resulta que, después de la desescalada, se ha hecho imperativo en pleno verano el uso de la mascarilla, algo que durante el confinamiento no solo no era obligatorio, sino que se llegó a decir que tampoco era del todo recomendable para el ciudadano de a pie. El hecho es que el virus era y es el mismo, sin que nadie se haya responsabilizado de dicha incongruencia.

Pero lo que resulta pelín tramposo es criticar a alguien, en este caso, al Gobierno, por la misma cosa y la contraria, por hacer algo y luego dejar de hacerlo. Me estoy refiriendo a la actitud del Partido Popular ante los rebrotes generalizados que, con mayor o menor virulencia, están proliferando, por aquí y acullá.

Después de un apoyo inicial que se extendió a las primeras prórrogas, el primer partido de la oposición se opuso a mantener por más tiempo el estado de alarma, el único instrumento legal para ordenar un confinamiento general y restringir la movilidad en todo el territorio nacional.

Esa posición del PP originó un gran quebradero de cabeza al Gobierno Sánchez, obligado a realizar todo encaje de bolillos para ir salvando las votaciones de las siguientes prórrogas.

En evitación de llegar a perder una de esas votaciones, los socialistas pactaron el apoyo de Bildu, con el consiguiente desgaste político que ello supuso: Partido Popular y Vox vieron cumplida su autoprofecía de que el PSOE de Sánchez tenía unida su suerte al apoyo de los «proetarras».

Cumplida la desescalada y regulada la «nueva normalidad», las comunidades autónomas recuperaron plenamente sus competencias sanitarias, haciéndose responsables de las medidas a tomar para prevenir los posibles rebrotes y, en caso, combatirlos, incluso dando marcha atrás hacia fases anteriores en el caso de que la gravedad así lo aconsejera, como de hecho ha ocurrido ya en algunos territorios.

Y en estas estamos cuando el PP, que presionó cuanto pudo para que se levantara el estado de alarma, ahora crítica la pasividad del gobierno ante la proliferación de los rebrotes y la falta de criterios autonómicos homógeneos para combatirlos. Ejemplo palmario del oponerse por oponerse.

A propósito de la disparidad autonómica, nadie ha explicado aquí por qué el «Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria» lleva la firma del consejero de Economía y no de la consejera de Sanidad, lo mismo que ocurre con la reciente orden que declara obligatoria el uso de la mascarilla en Castilla y León. A lo mejor es que se han intercambiado competencias y nadie nos lo ha contado.

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