Presidencia devaluada
El corro | pedro vicente
Uno de los síntomas característicos del llamado «síndrome de La Moncloa» consiste en la tendencia de su inquilino a zafarse de la molesta realidad nacional para dedicarse preferentemente a la política internacional. Si a Zapatero no le había llegado todavía ese momento, la presidencia de turno de la Unión Europea le va a permitir deslizarse por ese camino sin que nadie le pueda acusar de eludir sus responsabilidades internas. Sabido es que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el margen de esa presidencia semestral es más limitado que antes, al tener que coexistir la misma con la presidencia permanente del Consejo Europeo que ha estrenado el belga Herman Van de Rompuy. Pero por agenda no va a quedar: 14 cumbres de jefes de Estado y Gobierno, decenas de reuniones ministeriales y cientos de encuentros sectoriales jalonan el calendario hasta el próximo 30 de junio. Algunas de esas citas, no muchas ni tampoco demasiado relevantes, tendrán como escenario Castilla y León. Con la que tenemos encima la cuestión estriba en saber en qué medida esta presidencia europea de turno puede a contribuir a aliviar nuestra depauperada situación económica. Las expectativas al respecto son mínimas, por no decir inexistentes. No sólo por el escaso margen de maniobra antes apuntado, sino también por la escasa autoridad del gobierno Zapatero en materia económica. Basta decir al respecto que España (Spain) aporta la S al despectivo acrónimo PIGS (literalmente «cerdos») con el que la casta funcionarial de Bruselas ha bautizado a los cuatro países europeos en peor situación financiera. Portugal, Irlanda y Grecia son los otros tres países de tan ominoso cuarteto.
Con este panorama el único sector económico que ha depositado alguna esperanza en la presidencia española es el agrario, que tras su reciente movilización, ha impuesto a Zapatero determinados deberes. Concretamente que aproveche el semestre para forzar un compromiso de mínimos que garantice la continuidad de la Política Agraria Común (de sus ayudas, se entiende) más allá del 2013, año en el que expira el periodo en vigor. La supresión o reducción de dichas ayudas resultaría letal para la agricultura y ganadería españolas, que gracias a ellas ha podido soportar la inacabable e inacabada reconversión iniciada en 1986 con el ingreso de España en la Comunidad Europea.
Bien es verdad que, además de su mantenimiento, convendría de una vez reorientar dichas ayudas no tanto al abandono de la actividad como al mantenimiento de la misma por parte de los agricultores y ganaderos a título principal, cuya pervivencia -”en Castilla y León son ya poco más de 45.000-” resulta absolutamente imprescindible para el sostenimiento del medio rural. Aunque buena parte de las competencias agrarias están transferidas a las comunidades autónomas, Zapatero se ha echado casi exclusivamente sobre sus espaldas la responsabilidad política de la crítica situación del sector agrario. Si defrauda sus expectativas, el campo pasará factura electoral a los socialistas tan pronto como tenga ocasión, que, de no mediar un adelanto de las elecciones generales, será en las municipales y autonómicas del 2011.