Diario de León
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Panorama | antonio papell

El malhadado intento de acabar con ETA por el inaceptable procedimiento de descender a los infiernos de la guerra sucia no sólo llevó al régimen democrático a unos extremos de degradación que a punto estuvieron de lesionarlo gravemente sino que dejó secuelas importantes, alguna de las cuales aún llega estos días a su penoso desenlace. Si la degradación moral amparada bajo el manto de aquel oscuro designio fue la misma que dio lugar al «caso Roldán» o al inefable saqueo de los fondos reservados de Interior, ahora se constata que tampoco salió indemne del desastre la judicatura: la imagen de Garzón aparece duramente desacreditada por la estela de aquellos hechos. Como es sabido, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acaba de dictar sentencia sobre el recurso interpuesto por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, contra la condena que recibió por el «caso Marey», el primer episodio del recorrido judicial del GAL. El fallo del tribunal considera que «la imparcialidad del juez podría estar en entredicho (...) por las relaciones personales conflictivas (...) y la enemistad manifiesta» del instructor Baltasar Garzón con Vera, pero sostiene que el proceso posterior llevado a cabo por el Supremo sí se ajustó a derecho y, en consecuencia, no pone en duda la condena de diez años impuesta al secretario de Estado y a su ministro Barrionuevo por dicha causa. El fallo se ha adoptado por cuatro votos contra tres, si bien todos los magistrados han coincidido en afear la conducta de Garzón, al que acusan de haber violado el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a un juicio justo y a un tribunal independiente e imparcial). El presidente de la sala, el andorrano Josep Casadevall, y otros dos magistrados que han votado a favor de las tesis de Rafael Vera, no sólo critican a Garzón, sino que consideran que su a ctuación contamina toda la instrucción e invalida el juicio y la condena por el «caso Marey». La historia es tristemente conocida, y la ha vuelto a contar Rafael Vera, quien, por cierto, ha perdido toda autoridad moral en este asunto al haber sido encontrado culpable también de una descomunal apropiación indebida de fondos públicos. Garzón, instructor del «caso Gal» desde su juzgado de la Audiencia Nacional a principios de los noventa, fue tentado con éxito por Felipe González para viajar a la política. Número dos en la lista madrileña del PSOE en las elecciones de 1993, que volvió a ganar el Partido Socialista, Garzón, diputado, fue nombrado delegado del Plan Nacional sobre Drogas, sin que el entonces presidente González accediera a colmar sus aspiraciones de convertirse en ministro del Interior o, cuando menos, en secretario de Estado de Seguridad.

Reintegrado en su antiguo juzgado de la Audiencia Nacional, Garzón desenterró entonces el «caso Gal» y recomenzó la persecución de sus antiguos compañeros de Ministerio, Vera entre ellos. De nada sirvieron las protestas de éstos ante la evidencia de que Garzón se había «contaminado» al transitar por varios altos cargos gubernamentales, desde los que tuvo ocasión de acceder a gran cantidad de información. Aquellas piruetas del juez estrella por antonomasia no sirvieron precisamente para acreditar a un sistema judicial que en este país no ha conseguido el tranquilizador prestigio con que cuenta en las grandes democracias de nuestro entorno.

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