Pensiones: el gran malentendido
Panorama | antonio papell
Pocos términos de la jerga burocrática son tan expresivos como la palabra «sostenibilidad» aplicada al sistema español de pensiones: para que éste se mantenga saludable, es preciso adaptarlo a las circunstancias cambiantes para que se sostenga en pie. Como es conocido, en nuestro país existe un modelo de previsión social de los llamados «de reparto», en general considerados más solidarios y eficaces que los -˜de capitalización-™, que se hicieron conocidos cuando el régimen de Pinochet erigió uno de ellos en Chile. Sintéticamente, en aquellos sistemas las aportaciones de los trabajadores activos sufragan las prestaciones a cada anualidad. En éstos, cada miembro del sistema recibirá al jubilarse el resultado de haber capitalizado sus aportaciones a lo largo de su vida laboral. Nuestro sistema, establecido por la dictadura, fue traído a la democracia por el artículo 41 de la Constitución de 1978. Y en los años noventa, tuvieron lugar diversos debates internacionales sobre los sistemas de previsión, que generalmente arrecieron al hilo de las etapas de crisis económicas. Diversas recomendaciones del Banco Mundial enfatizaban la conveniencia de avanzar hacia modelos mixtos, de previsión pública y privada, y la Comisión Europea publicó en 1993 el llamado Libro Blanco de Delors en el que se alertaba sobre los riesgos de quiebra de los modelos públicos. El entonces presidente de la Comisión auspició un documento -«Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI»- que impulsaba la modernización que experimentaría la UE al socaire de la bonanza económica de los años ulteriores, en buena medida gracias a la implementación de la divisa única.
En nuestro país y en aquellos años, para evitar que las pensiones estuvieran sometidas a las turbulencias electoralistas, el 6 de abril de 1995 el Congreso aprobaba el Pacto de Toledo que, de un lado, aclaraba definitivamente las fuentes de financiación de la Seguridad Social y, de otro lado, establecía recomendaciones para garantizar su sostenibilidad y mecanismos de seguimiento del sistema para adaptarlo a la evolución de las variables que influyen en él. Asimismo, se creaba una comisión legislativa no permanente del Pacto que periódicamente había de ocuparse de la actualización del sistema. Pues bien: ante la evidencia de los grandes cambios demográficos acaecidos, que desembocan en un envejecimiento general de la población a pesar del fuerte incremento de la inmigración en los últimos años, el Gobierno ha efectuado una propuesta de reforma del sistema para garantizar su sostenibilidad. Propuesta que, por cierto, va en la línea de las recomendaciones de numerosas instituciones económicas supranacionales. Y que ha suscitado el griterío escandaloso de los sindicatos. No se trata, pues, de que el Gobierno haya decidido arbitraria y unilateralmente introducir recortes en las prestaciones de la seguridad social: se limita a sugerir cambios que habrán de ser debatidos entre todos los integrantes del Pacto de Toledo y que persiguen conseguir que el sistema resista el paso del tiempo. Habrá de ser en este marco en el que se decida cómo se consigue la sostenibilidad futura. En el bien entendido de que si no se acepta el retraso en la jubilación, habrá que admitir otros recortes, por ejemplo en la cuantía de las pensiones. La irritación de los sindicatos no tiene, pues, sentido. El sistema de previsión social debe quedar por encima de las querellas ideológicas.