El pacto de Estado
Panorama | antonio papell
Ll monarca ha creído oportuno descender a la arena de la actualidad (que no de la política concreta) para reclamar de los actores políticos y sociales una iniciativa que la opinión pública exige sin duda en su fuero interno: un pacto de Estado para encarar la crisis en las mejores condiciones y salir de ella cuanto antes y de la mejor manera posible. Tras la alusión del monarca en el tradicional discurso de Navidad a la necesidad de un gran pacto entre las grandes fuerzas políticas, que don Juan carlos repitió oportunamente hace sólo unos días, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, compareció ante la prensa para mostrar su disposición a emprender una ronda de conversaciones para tratar de concretar un acuerdo o discutir el modo de conseguirlo. Previamente, Convergencia i Unió había anunciado por sorpresa su plena disposición a un pacto con el Gobierno sobre la crisis, a pesar de la inminencia de las elecciones autonómicas catalanas en que el nacionalismo moderado tendrá que batirse con la fracción catalana del Partido Socialista.
Hasta el momento, los dos grandes partidos no han mostrado el menor interés en acordar una estrategia común, pese a que en el fondo sus opciones son sustancialmente semejantes, salvo en matices que no son irrelevantes pero que no afectan a lo esencial. Zapatero ha esgrimido la incompatibilidad ideológica con el PP en materia social para negar el acuerdo. Y el PP tampoco ha dado facilidades: Soraya Sáenz de Santamaría respondió a la oferta de diálogo de Alonso con un sí condicionado a que el Gobierno rectifique completamente todas sus políticas La mayoría gubernamental está decidida a minimizar el daño para los menos favorecidos -”el último Consejo de Ministros aprobaba la prolongación por otros seis meses del subsidio no contributivo de desempleo de 420 euros-” y el Partido Popular estaría más dispuesto a tratar de acentuar la recuperación mediante políticas de demanda -”bajadas de impuestos-” que inevitablemente forzarían reducciones del gasto social.
Sucede sin embargo que el pacto necesario no versa realmente sobre la gestión concreta de la crisis: lo que debe acordarse, lo que sí requiere el acuerdo de las fuerzas políticas y sociales así como de los entes territoriales, es, de un lado, el ajuste inevitable de la economía, que requiere una gran austeridad solidaria en todas las administraciones, y, de otro lado, las reformas estructurales que reconstituyan una economía saneada y que -”con los añadidos y correcciones que se quiera-” podrían quedar plasmadas en la ley de Economía Sostenible, que a su vez debería sustentarse en dos pactos que sí se están ya gestando y que deben llegar a buen fin a cualquier precio: el energético y el educativo.
Pero sobre todo, ese pacto que auspicia la Corona debería implicar un cambio de tono y de estilo: no es favorable para nuestros intereses que los partidos españoles pongan en duda, por acción o por omisión, la solvencia del Estado para desacreditar al adversario y procurarse réditos electorales. El debate económico para salir del pozo, ante una comunidad internacional de especuladores que intenta sacar tajada de la adversidad ajena, debería ser, en fin, de mayor altura si de verdad se quiere auspiciar una instalación definitiva de España en el sólido corazón de la Eurozona.