Sindicatos a la contra

Han tenido lugar las primeras manifestaciones organizadas por los dos grandes sindicatos contra la propuesta de retraso de la edad de jubilación efectuada por el Gobierno en el marco del plan de estabilidad que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas. Una propuesta que no repugna en principio a la inteligencia -"el extraordinario incremento de la esperanza de vida es un argumento de gran peso-" y que está abierta a toda clase de matizaciones. Esta oposición a una reforma que ya han emprendido otros países y sin la cual será muy difícil conseguir la sostenibilidad del sistema de pensiones refuerza la sensación de que nuestros sindicatos, sobredimensionados, financiados generosamente con cargo al erario público y sistemáticamente halagados por los partidos, han perdido el sentido de la realidad y se están convirtiendo en rémoras de la conquista de la competitividad y de la consiguiente salida rápida de la crisis. De hecho, es notorio que estas organizaciones velan celosamente por los intereses de los trabajadores que tienen trabajo establ e, pero no son capaces de conciliar estas legítimas preocupaciones con la defensa de los intereses de los parados y de quienes desempeñan un empleo precario. Y es pintoresco el inmovilismo conceptual que les lleva a rechazar airadamente cualquier adaptación de la seguridad social a la evolución de la demografía para que el modelo no entre sencillamente en quiebra en un plazo determinado, y no demasiado largo por cierto.

Los sindicatos, como las organizaciones empresariales, desempeñan un papel relevante en nuestras sociedades complejas. Su función como interlocutores en el diálogo y en la concertación social es insustituible, pero no deberíamos incurrir en el error de atribuirles una representatividad que no tienen ni unas funciones que la Constitución no les concede. Nuestra democracia parlamentaria no es orgánica, evidentemente, por lo que la soberanía naciona reside en cámaras políticas elegidas por sufragio universal, no en instituciones intermedias de ningún tipo que, como mucho, pueden aspirar a ejercer determinada influencia siempre relacionada con la fuerza objetiva de sus bases y con la naturaleza de sus objetivos.

Sería, en fin, intolerable que este país no pudiera modernizar su sistema productivo, ni ponerlo a la altura de la competitividad europea, por la oposición amenazante e irracional de sus organizaciones obreras. Como resultaría también inadmisible que no hubiera modo de conferir sostenibilidad al sistema de pensiones por la incapacidad de los sindicatos para entender la necesidad de adaptarlo a las condiciones cambiantes de la propia sociedad. Deberían pensar los sindicatos, que parecen haber interrumpido en los últimos años su proceso de profesionalización, que su poder movilizador es limitado y que, modernamente, siempre que han tensado en exceso el arco de sus exigencias han terminado disminuidos y marginados. Así las cosas, quizá fuera pertinente que los secretarios generales de la UGT y de CC.OO. viajaran un poco a los países que, como Alemania, han tenido que impulsar reformas de gran calado para reconquistar la competitividad (la Agenda 2010 que las organizaciones obreras firmaron con el socialdemócrata Schröder es una pauta valiosísi ma). De otro modo, si no superan la prueba que tienen ante sí, quizá sean los sindicatos los grandes perdedores de esta crisis.