Medidas urgentes contra la crisis1397124194
Panorama | antonio papell
Como era hasta cierto punto previsible, la oposición se ha negado en bloque a colaborar con el Gobierno en la ficción de que las 54 medidas más o menos acordadas en las reuniones de Zurbano constituyen un «plan global» contra la crisis. La pretensión del Ejecutivo, que probablemente buscaba en el consenso más oxígeno que recetas, era vana porque en la pomposamente llamada «propuesta del Gobierno para acuerdo con los partidos políticos sobre recuperación económica y de empleo» faltaba -falta, de hecho- casi todo: no incluye la reforma laboral porque la están negociando los agentes sociales; tampoco los pactos trascendentales sobre educación y energía porque ambos asuntos están siendo negociados por los ministros respectivos en ámbitos distintos; no se ha incluido tampoco la reforma del sistema financiero, que empieza a ser inaplazable; y ni siquiera se incluyen compromisos de austeridad que den credibilidad al ajuste presupuestario (tan sólo se anuncian concreciones para abril). Con tantas carencias, no es extraño que el PP, principal fuerza opositora, haya puesto objeciones insuperables a sumarse aparatosamente a un pacto que podía llevar a pensar a la ciudadanía que incluía todos los resortes disponibles contra la crisis.
Ello no obstante, hay que añadir que el listado de las 54 actuaciones incluidas en el documento gubernamental no es desdeñable. Entre las medidas, se incluye la concesión de préstamos directos del ICO a Pymes y Autónomos; determinadas facilidades a la exportación; la reducción del IVA y otras medidas en obras de rehabilitación; la aplicación del IVA superreducido a los servicios de atención a la dependencia; determinadas facilidades a las cajas de ahorros para las fusiones y reducción de trámites de utilización del Fondo de Reestructuración y Ogía, etcétera.
En definitiva, lo negociado en Zurbano no es un gran plan anticrisis pero sí un paquete de propuestas que pueden ayudar a la recuperación económica, como de hecho han reconocido las demás fuerzas políticas. No sólo CiU, la formación más dispuesta a echar un mano al Gobierno porque ello le reporta beneficios políticos objetivos en Cataluña, sino también el PP, que ha admitido que no tiene inconveniente en apoyar en el Parlamento muchas de las actuaciones sugeridas por el Gobierno.
Y si las cosas son de este modo, si las iniciativas barajadas van en la dirección correcta, ¿por qué aplazar nuevamente la puesta en marcha de tales medidas? ¿Por qué el Gobierno no promulga cuanto antes, sin mayor demora, los correspondientes decretos-ley, que con seguridad serán fácilmente convalidados en las Cortes? Lo que debía ser aprobado ayer por el consejo de ministros se ha pospuesto al día 9 de abril para dar tiempo a más negociaciones ¿Acaso no se ve que las posturas se han estabilizado y que no habrá modo de variarlas a corto plazo? Cuando más de cuatro millones de parados nos contemplan (y con tendencia al alza), y cuando el Banco de España enfría todavía más las previsiones económicas del Gobierno (este año, la economía se contraerá un 0,4%), se entiende mal la premiosidad con que se toman las decisiones. El Gobierno aplaza una vez tras otra las medidas, los agentes sociales dilatan los plazos para llegar a algo en materia de reforma laboral A este paso, la indignación de los más golpeados por la crisis se hará cada vez más audible y desgarrada.