Se niega la mayor
El corro | pedro vicente
Má s allá de la fiesta oficial del 23 de abril, una efemérides que siempre reaviva la polémica cuestión identitaria y el grado de sentimiento de pertenencia a la comunidad autónoma, el calendario político en Castilla y León viene marcado este mes por el compromiso de la Junta de presentar dos actuaciones prioritarias: la Agenda de la Población y el Plan de Convergencia Interior 2010.
De entrada habría que decir que, tratándose de dos asuntos que no han sobrevenido de repente, lo lógico y deseable es que ambas actuaciones se hubieran presentado el pasado otoño, con tiempo suficiente para ser incluidas en los Presupuestos del 2010 y poder entrar en vigor el 1 de enero. Pero, con ser importante el retraso, lo peor es la nula actitud autocritica mostrada por el gobierno Herrera a la hora de afrontar los graves problemas de la despoblación y los desequilibrios territoriales internos en Castilla y León.
La actitud de la Junta en torno a la cuestión demográfica es ciertamente desconcertante. Su decisión de liquidar de un plumazo y unilateralmente la anterior Estrategia contra la Despoblación y sustituirla por la anunciada Agenda de la Población presuponía el reconocimiento de un fracaso de la política seguida en la materia. Pero nada más lejos de la realidad. Estamos viendo cómo no sólo no se reconoce tal fracaso, sino que tampoco se reconoce la propia existencia del problema de la despoblación. Es decir, se niega la mayor.
Aferrándose, como a un clavo ardiendo, al leve repunte demográfico registrado en los años de bonanza de la década de los dos mil, la Junta niega que Castilla y León tenga un problema de despoblación. Obvia que dicho repunte se debió exclusivamente al aluvión de la inmigración extranjera y que tan pronto ésta ha remitido a causa de la crisis, la comunidad ha vuelto a perder población en términos netos, como así consta en los datos provisionales sobre la evolución del censo en el 2009. Y ello sin contar que la despoblación del medio rural no ha cesado ni siquiera en esos años de crecimiento económico.
Esa actitud negacionista no constituye el mejor presagio sobre el contenido de la Agenda de la Población. Difícilmente pueden esperarse soluciones a un problema por parte de quien previamente se obstina en negar su existencia. Es más, la pregunta que cabe preguntarse es ésta: si no existe el problema, ¿a cuento de qué se da carácter prioritario a un nuevo instrumento para combatirlo? Al escepticismo que todo ello produce ha de añadirse la falta de disponibilidad financiera de la Junta para dotar de fondos las medidas a implementar.
Mientras tanto, el Plan de Convergencia Interior en su anualidad del 2010 sigue siendo una completa incógnita. Ni siquiera está plenamente confirmado que la cantidad presupuestada por la Junta (150 millones) se verá duplicada mediante la aportación de la misma cuantía por parte de la administración central. Y no se sabe cómo se van a coordinar ambas administraciones para gestionar dichos fondos ni con qué criterios se piensan distribuir.