Corruptos y corruptibles de la política
El mirador | antonio papell
El levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel nos sitúa con crudeza ante un lamentable episodio de degradación democrática que es el fruto de una reacción química entre dos agentes activos: un pequeño grupo de intermediarios facinerosos dispuestos a prosperar a toda costa y un segmento de la clase política formada por personajes avariciosos y sin escrúpulos. Ante estas evidencias, Rajoy y su equipo tienen la obligación de concluir una cirugía hasta ahora incompleta que aparte del PP a quienes están siendo señalados como probables autores de delitos concretos. Como han señalado algunos medios, no es de recibo (por ejemplo) que el ex tesorero Bárcenas siga teniendo despacho en Génova ni que un ex alcalde imputado mantenga cargo y sueldo en el aparato popular. Pero, además, la cúpula del PP tiene tres tareas pendientes: una primera, desligarse política e intelectualmente de aquellos ámbitos que han mantenido familiaridad o connivencia clara con la trama de Correa; una segunda, investigar con rigor si ha existido financiación ilegal de algunas dependencias del PP; y, finalmente, ultimar y perfeccionar los controles externos e internos para asegurarse de que ya no será posible en el futuro una recaída de esta naturaleza. En este último sentido, es conocido que PP y PSOE están negociando un pacto anticorrupción que contribuirá a expulsar a los facinerosos de la política. Y, además, el Partido Popular renovó en diciembre pasado su código ético de 1993, mediante un código de buenas prácticas que, tras enunciar los consabidos principios generales, avanza en algunos aspectos notables: establece una -˜carta de compromiso-™, que deberá firmar cualquier aspirante a un cargo público del PP; establece un procedimiento de contratación que asegure la transparencia; y crea la figura del Auditor de prácticas internas. Todo ello constituye un avance, que sin embargo deja intersticios que habría que cerrar.
En primer lugar, no existe supervisión fiable ni eficaz si no es externa, independiente y actúa de oficio. El administrativista Alejandro Nieto, por ejemplo, ha escrito tesis definitivas sobre el particular. En segundo lugar, ese pacto PP-PSOE debería incluir una reforma del Código Penal que considerara delito la financiación irregular de los partidos políticos. «En efecto -”ha escrito recientemente Enrique Gil Calvo-”, la causa última de la corrupción es la financiación ilegal de los partidos, que entre nosotros sólo es sancionada por un órgano administrativo (el mal llamado Tribunal de Cuentas nombrado por los propios partidos) pero no está tipificada como delito, como reclama sin éxito una y otra vez la Fiscalía del Estado en su informe anual». La sociedad está muy airada con el ascenso indignante de la corrupción, pero señala en su conjunto a la clase política, consciente de que el problema es general y no tiene excesivos sesgos ideológicos. En consecuencia, no tendría sentido que PP y PSOE se enzarzaran en una guerra de desgaste para sacar tajada política de lo que ocurre: lo sensato es trabajar juntos para expulsar a los corruptos y a los corruptibles de la política y procurar así el fin de la gran desafección de la sociedad hacia los partidos, hacia lo público en general.