El debate de fondo
Panorama | antonio papell
Garzón está en el centro de uno de los debates políticos e ideológicos más inflamados de toda la etapa democrática, por lo que no es fácil intentar poner un punto de sosiego en las reflexiones, influidas en casi todos los casos por las inclinaciones sentimentales de los contendientes. Sin embargo, merece la pena intentar arrojar un poco de luz sobre este colosal conflicto, que tiene al Poder Judicial en la diana. Vayamos por partes: las tres querellas consecutivas admitidas a trámite contra Garzón pueden tener más o menos fundamento jurídico pero parecen indicar que, a partir de un cierto punto de la trayectoria del juez, el estamento judicial, harto de las excentricidades y excesos del juez estrella por antonomasia, ha decidido mirar con lupa su ejecutoria, que es una manera de poner coto a una carrera que ha sido altamente polémica y que ha incluido episodios muy controvertidos (su viaje de ida y vuelta a la política, su conducta en relación al GAL, la publicación de algunos libros, etc.). Para valorar esta evidencia conviene recordar un hecho objetivo: a lo largo de su trabajo como instructor, Garzón ha conseguido eludir más de cuarenta querellas, todas inadmitidas a trámite como suele ser por otra parte normal (la querella contra el instructor es un arma jurídica que a veces utilizan quienes son encausados por un juez, pero la corporación judicial es muy estricta a la hora de admitirlas, ya que la sola admisión produce un daño devastador, como a la vista está).
En otras palabras, el principal elemento extrajurídico, controvertible y controvertido, de este calvario judicial a que se está sometiendo a Garzón radica en el propio Garzón, en la hostilidad que genera entre muchos de sus compañeros, en el carácter de «causa general» que estos procesamientos tienen contra su singularidad como juez estrella. Lo que significa que el hecho de que una de las querellas verse sobre el franquismo y la memoria histórica es posterior y externo a la polémica general. O, por decirlo de otro modo, si en realidad el estamento judicial -un concepto corporativo inexistente que sin embargo describe lo que podría llamarse opinión pública judicial- hubiera decidido tácitamente poner coto a Garzón, tal designio no tendría nada que ver ni con el franquismo, ni con la memoria histórica ni con cuestión política alguna. Dicho esto, es evidente que el contenido de la querella que versa sobre el franquismo ha distorsionado completamente todo el asunto. Probablemente, los miembros del poder judicial no midieron bien la repercusión extrajurídica que tendrían sus decisiones (una repercusión global: Garzón está en los medios de todo el mundo) si incluían este vidrioso asunto en las medidas de contención. Y, por supuesto, el hecho de que Garzón haya de defenderse de una acusación formulada por Falange Española y Manos Limpias ha cambiado la posición ideológica relativa del asunto. Muchos actores políticos y sociales que sentían animadversión o indiferencia hacia Garzón se han creído obligados a salir en su defensa, no ante los tribunales sino ante los querellantes. Y un asunto que en el fondo versaba sobre los límites de autonomía de un juez instructor se ha convertido en una auténtica revisión de la Transición. Llegados a este punto convendría hacer una llamada colectiva a la racionalidad: la estabilización de este país después de treinta años de democracia ha sido una realidad gozosa que no se ha de comprometer por alguna falla del camino.