Lo que quedará de esta historia
Panorama | antonio papell
Los que han consumado la crucifixión de Garzón han conseguido lo que probablemente menos deseaban: hoy, el ya ex juez de la Audiencia Nacional, ha subido a los cielos de la popularidad internacional definitivamente. Los medios de todo el mundo han destacado con el debido relieve la suspensión de este magistrado y el ensañamiento con que se han comportado sus colegas al impedirle incluso una salida honrosa (un papel de asesor en el TPI). Nuestro país ya no está sólo bajo la sospecha económica de la quiebra: también nuestra democracia ha sido puesta en la picota por la secuencia de incomprensibles decisiones judiciales. Como se esperaba, el Poder Judicial separó el viernes a Garzón de su tarea en la Audiencia. Lo ha hecho por unanimidad ya que el artículo 383 de la ley orgánica del Poder Judicial es taxativa: el juez sometido a juicio por un delito relacionado con su labor jurisdiccional -y Garzón ya tiene decretada la apertura de juicio oral por supuesta prevaricación en su investigación sobre el franquismo- deberá ser suspendido. Por tanto, la decisión no arrojaba dudas. El dislate venía de atrás, de la incriminación de quien consideró que la ley de amnistía española de 1977 no borraba, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por España y con la jurisprudencia internacional más avanzada, los delitos de lesa humanidad que pudo cometer el régimen anterior, que serían imprescriptibles. En este asunto, evidentemente opinable, no ha habido perjudicados y la Fiscalía no ha visto prevaricación; sin embargo, el Supremo ha creído pertinente atender la denuncia del sedicente sindicatos Manos Limpias -dirigido por personas de extrema derecha- y de la Falange Española. Las crónicas procedentes del exterior merecen una lectura atenta porque nadie puede ser tan ingenuo para pensar que todos quienes nos observan se equivocan: el intento de poner sobre la mesa los crímenes de la dictadura, vinculado a la petición de los familiares de las víctimas ejecutadas sumariamente que fueron inhumadas en fosas comunes, de localizar los restos de sus deudos para proporcionarles un entierro digno, ha arruinado la carrera del juez que ha cometido tamaña insolencia. Durante la larga carrera de Garzón, ha sufrido más de cuarenta querellas, de las que apenas las tres últimas -ya es casualidad- han sido admitidas a trámite. No cabe duda de que este juez ejercía su función con conocida heterodoxia, pero pocos juristas consideran que sus transgresiones fueran realmente ilegalidades. Garzón innovó y aplicó el derecho con meritoria audacia, hasta perseguir -por ejemplo- al mismísimo dictador Pinochet. Un prevaricador es otra cosa: es el juez que llena su función de indignidad al tomar decisiones torticeras para aprovecharse del cargo a costa de la Justicia.
La sustancia de los tres procesos que tiene abiertos Garzón es ya poco relevante. Lo que saldrá de toda esta historia turbia es que un magistrado demasiado visible, con afán de notoriedad, que adquirió gran popularidad por sus actuaciones en pro de los derechos humanos y contra la corrupción política, ha sido laminado por sus propios compañeros, que han buscado las triquiñuelas de la ley para arruinarle la carrera. Quizá tengan razón con los códigos en la mano, pero hay casos en que esos códigos son tan rígidos y antiguos que merecen una reinterpretación o un cambio.