Lo justo y necesario
De siete en siete | rafael monje
A Consejo de Ministros extraordinario, Consejo de Gobierno de la Junta extraordinario. Y la cuestión no es para menos, dado lo mucho que nos jugamos por estas tierras con el duro ajuste anunciado por el Gobierno y que, más allá del severo racionamiento recetado para pensionistas y funcionarios, va a implicar un nuevo retraso en materia de infraestructuras. La situación es, sin duda, de emergencia y por eso se entiende que hoy el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera se reúna de manera extraordinaria para analizar las repercusiones que el recorte de gasto va a tener en una Comunidad que todavía acusa un déficit importante en comunicaciones. Pero el análisis que se dispone a hacer la Junta parte del desconocimiento de unas medidas que ni el propio Ejecutivo de Zapatero ha concretado y que, por tanto, añade mayor incertidumbre a los proyectos de conexión por autovía y alta velocidad pendientes. El recorte social decretado para funcionarios, pensionistas y dependientes ha supuesto colocar una auténtica carga de profundidad en los propios pilares del Estado de bienestar, de la que se salva de momento la sanidad, verdadero coladero del gasto asumido por las comunidades autónomas. Pero todo se andará. Es un debate al que se resisten los partidos políticos, sabedores de que es un asunto extremadamente delicado, pero no por ello igual de necesario abordar desde la serenidad y el rigor para evitar precisamente imposiciones de última hora. Y junto a ello, un pacto de Estado que, desde el objetivo de equidad y equilibrio económico, permita mantener las prestaciones sociales y la calidad educativa.
Sin embargo, las comunidades autónomas tampoco pueden ser ahora la diana de todos los dardos de un déficit que ha generado sobre todo el Estado, preso de la inestabilidad de los mercados financieros y de una política errática y retráctil del Gobierno. No sería de recibo que quien tiene atribuidas las principales reglas del juego y, de hecho, las impone, trate luego de cambiarlas en función de determinados intereses. Igual que no se entendería que quien, como es el caso de Castilla y León, habiendo hecho los deberes, tenga que contribuir por igual al pago del alegre y dispar gasto de una partida en la que jugaba en clara desventaja. Pero dicho esto, tampoco tendría sentido alguno quedarse en la mera denuncia sin hacer lo justo y también todo lo necesario, que es lo que los ciudadanos esperan de sus gobernantes más cercanos. No se trata de que éstos purguen las culpas de los otros, pero, desde el ámbito de sus responsabilidades y competencias, hay terreno para trabajar. La reorganización de organismos y entidades bajo el criterio de eficiencia y ahorro, la racionalización del gasto público, el mayor control del fraude y la suficiente cintura para promover un cambio de modelo productivo son sólo simples ejemplos. Ahora, en época de vacas flacas, es cuando verdaderamente la política debe ejercerse con altura de miras, no desde el frentismo, la vacilación y la palabra hueca. Estoy convencido de que Castilla y León, que ha dado a lo largo de su historia sobradas muestras de responsabilidad y de solidaridad, también ejercerá con mayúsculas ese papel de liderazgo y de iniciativa que ahora se necesita. La legítima denuncia no sólo debe emplearse para sacar los colores a quien lo ha hecho mal, sino también para aportar propuestas y soluciones. Y hoy, sin duda, es un buen día para ambas cosas.