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León

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De siete en siete | rafael monje

S i hay un asunto que debe preocuparnos por igual a todos es la sostenibilidad del gasto sanitario, un debate que va y viene pero que nadie acaba por abordar con el rigor necesario. No es raro escuchar a expertos apelar a un pacto por la sanidad e incluso a destacados responsables públicos hablar del co pago sanitario, pero hasta ahora no son más que cantos al sol.

La ministra Trinidad Jiménez ha sido la encargada de interpretar estos días el último estribillo cuya letra rechaza la aplicación de esa figura tributaria, pero el Gobierno también decía hace unas pocas semanas que no iba a tocar las pensiones ni el salario de los funcionarios y ya ven lo que ha ocurrido. Y éste es el verdadero problema: la ausencia de un debate serio que implique a profesionales, gobiernos autonómicos, Estado y sociedad civil. La sanidad española supone un gasto anual de 70.000 millones de euros; representa el 6 por ciento del PIB cuando en los años ochenta era el 4,5; la mitad del gasto se corresponde con las retribuciones del personal y otro 25 por ciento lo absorbe la factura farmacéutica. Los datos son suficientemente elocuentes como para tratar de impulsar un pacto que permita analizar el futuro de la sostenibilidad de un sistema en el que cada año crecen sus beneficiarios, la cartera de prestaciones y los avances técnicos. Y es evidente que en el contexto actual de crisis y de severos recortes llegará, mal que nos pese, el turno a un modelo que sólo en Castilla y León equivale al 33 por ciento del presupuesto para 2010.

Sería, por tanto, plausible que las autoridades sanitarias se adelantaran a las posibles circunstancias de restricción del gasto y promovieran un pacto en el que fueran inexcusables los principios de equidad, calidad asistencial, solidaridad, eficiencia, igualdad en las prestaciones y equilibrio financiero. No es de recibo la diferenciación de la cartera de servicios en función de la comunidad en la que se viva, pero tampoco se entiende la escalada de una oferta de servicios generalizada cuyo coste supera todas las previsiones de ingresos. Y mucho menos razonable es la pasividad ante el creciente déficit sanitario, que algunas voces elevan a más de mil millones de euros sólo en esta Comunidad. Por ello, el copago sanitario debería ser en todo caso el epílogo a una serie de actuaciones en el campo del gasto farmacéutico, el uso racional de los servicios, la homogeneización salarial entre regiones, las políticas de prevención y la promoción del tratamiento ambulatorio.

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La sanidad pública precisa que dejemos de interpretar estribillos de forma individual y nos aprendamos todos de una ve z la letra de la canción.