La lógica del ajuste arrolla a los sindicatos

Panorama | antonio papell

El fracaso de la huelga del sector público ha dado, evidentemente, un balón de oxígeno al atribulado gobierno, pero esta consecuencia política es irrelevante en comparación con el hecho de que ha quedado patente que la sociedad de este país, con más inteligencia que sus superestructuras política y sindical, se ha dado cuenta de que la crisis, muy profunda y de gran complejidad, no puede resolverse mediante los mediocres mecanismos parlamentarios o a través de la presión sindical. La salida de la recesión en las mejores condiciones posibles y en el marco de la UE requiere un ejercicio de realismo poco controvertible y con escasos márgenes de discrecionalidad, en el que ha de participar colectivamente toda la ciudadanía. El ajuste decidido por el Gobierno puede ser objetado en su composición pero no en su alcance. Quizá hubiera sido posible conseguir objetivos similares sin congelar pensiones, aunque esta medida cruenta produce un impacto pedagógico que quizá sea útil a la hora de valorar el problema. En cualquier caso, la recuperación de la normalidad y de los equilibrios en la Eurozona, la reconstitución del prestigio del euro, la reafirmación del proyecto europeo sin el cual España no habría alcanzado las cotas actuales, requieren una reconsideración de nuestros anteriores planteamientos socioeconómicos: no era posible seguir haciendo pie con una productividad en constante descenso, con un crecimiento basado en la construcción y en la demanda interna, con un sistema de relaciones laborales arcaico y rígido, sin ponernos al día en la formación del capital humano mediante la educación y el I+D.

Como primera determinación, había que reconocer que el «crash» inmobiliario nos han empobrecido severamente. Y ello implica tomar medidas drásticas para recortar un déficit público creciente que se ha acumulado por la necesidad de mitigar el impacto negativo de la crisis -el subsidio de desempleo ya consume más del 3% del PIB- y reconocer que el futuro sólo es viable si realizamos un ajuste de rentas -el ajuste del empleo se ha hecho espontáneamente y de manera dramática- y un esfuerzo ímprobo para incrementar la productividad. Y esto hubiera sido así con cualquier gobierno, por lo que el debate político podrá versar, si se quiere, sobre la habilidad de quienes toman las decisiones pero no, en modo alguno, sobre el fondo de las decisiones mismas. Pues bien: la opinión pública, consternada y vapuleada, ha tomado conciencia de todo ello y está dispuesta al sacrificio. De hecho, el Gobierno tiene ahora vía libre para llevar a cabo la reforma laboral que necesita este país para competir con nuestros socios y vecinos, principales clientes y proveedores. Los sindicatos ya no tendrán ocasión de frenar el proceso apelando a intereses particulares opuestos a los generales del país. Y ha ido también tomando cuerpo la convicción, amarga, de que para que el sistema de pensiones sobreviva como garantía de vida de las generaciones que van llegando al retiro es necesario adaptarlo a la lógica de la realidad: habrá que retrasar la edad de jubilación y que establecer una relación más estrecha entre la contribución realizada al sistema y la pensión recibida de él. Todos, y especialmente los partidos de oposición, tenemos la obligación de tutelar estos procesos transformadores con la mayor exigencia para optimizarlos.