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León

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Sectores progresistas han empezado a dudar de la conveniencia de promulgar una nueva ley de Libertad Religiosa, como quiere el Gobierno. La aconfesionalidad del Estado español tropieza, como es sabido, con el obstáculo de la propia Constitución, que cita expresamente a la Iglesia Católica al ordenar a los poderes públicos la cooperación con todas las confesiones. Y esta posición privilegiada se plasma en los acuerdos con la Santa Sede, que nadie se atreve a poner en cuestión y que encierran graves anacronismos. Así las cosas, parece claro que, o se acomete una reforma muy profunda de la legalidad vigente, o mejor será dejar las cosas como están. No vaya a ser que, mediante esta dudosa norma, terminemos crispando a todos para regresar simplemente al origen de la perturbación.

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