Diario de León
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Tribuna | antonio papell

El viernes pasado se cumplió un año sin atentados de ETA. El 30 de julio de 2009, el estallido de una bomba lapa colocada baj o un automóvil del cuartel de la Guardia Civil de la Playa de Palma Nova, en el municipio mallorquín de Calviá, costaba la vida a dos agentes, los últimos muertos a manos de la horda. La víspera de aquel crimen, un potente coche bomba explotaba junto a la comandancia de la Guardia Civil de Burgos, causando 65 heridos entre agentes y familiares. Semanas antes, el 16 de junio, ETA asesinaba en Arrigorriaga al inspector de policía Eduardo Puelles, último civil caído a manos de la banda. Todavía con posterioridad al atentado mallorquín, el 9 de agosto estallaban cuatro bombas en establecimientos hosteleros de la isla, sin causar víctimas.

Aquella acometida -”lo ha explicado el periodista Florencio Domínguez, experto en ETA-” tenía por objeto una demostración de fuerza de la cúpula de ETA, no tanto ante la opinión pública cuanto ante la izquierda radical vasca, que comenzaba sus operaciones de desmarque de la violencia: una carta de ETA a Batasuna del mes de junio expresaba que «de cara al próximo curso, el verano tiene que servir para situar a un nivel superior la confrontación». Días antes de los dos atentados más graves, el 21 de julio, Otegi acudía a Francia a entrevistarse con ETA, y en la reunión recibió al parecer una severa reprimenda por lo que ya parecía una intención sólida de abandonar el camino hacia ninguna parte del terrorismo.

El resto de la historia es conocido: en agosto, caía una red de zulos de ETA en Francia y comenzaba una interminable serie de detenciones, incluida la de dos cúpulas consecutivas de la organización. Se cortaban asimismo los cauces de enrolamiento de jóvenes en la banda, mientras Batasuna, oxigenada por la debilidad de ETA, iniciaba tímidamente una línea autónoma, que terminaría en un pacto con Eusko Alkartasuna, que no dará fruto alguno en términos políticos en tanto ETA no se haya extinguido. Los intentos de de Batasuna de participar en las elecciones que se avecinan -las municipales de mayo, en concreto- fracasarán irremisiblemente después de los últimos acuerdos PP-Gobierno de extremar el rigor en la aplicación de la ley de Partidos.

Con gran prudencia -”la misma que utiliza el ministro del Interior, Rubalcaba, en estos temas-” puede afirmarse con gozo que ETA está en fase terminal. Con dificultades graves no sólo para reorganizarse sino también para abastecerse y comunicarse con sus simpatizantes e informadores. Lógicamente, la inmensa mayoría de sus chantajeados han dejado de pagar el «impuesto revolucionario», pese a que la emisión de cartas amenazantes no ha cesado. Y todo indica que el cerco se estrecha y que podemos estar cerca de la desarticulación policial completa de la banda. A ello contribuye sin duda la inteligente política penitenciaria que se ha practicado desde hace mucho tiempo, y que tiende a romper la cohesión del colectivo de presos y a ofrecer ciertas expectativas a quienes decidan romper con su brutal pasado de violencia. Sin embargo, mientras no se haya producido la desaparición de la banda, siempre cabrá la posibilidad de que sus escasos activistas cometan un desmán en cualquier momento.

Resulta difícil de entender que cuando la democracia ha cumplido más de treinta años y la propia ETA ha rebasado los cincuenta, un país democrático, próspero y con sus libertades pletóricas soporte todavía esta terrible lacra. Es preciso, en fin, acabar la faena y seguir volcando todo el peso del consenso político y de la fuerza del Estado para poner término a este macabro anacronismo

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