La mala política
Panorama | antonio papell
La encuesta del CIS correspondiente al mes de julio que se publicó la pasada semana ha sido jaleada por los partidos y por los medios porque refleja la mayor distancia en términos de intención de voto entre PP y PSOE: 6,3 puntos, cuando el trimestre anterior era de apenas 1,5 puntos. Además, Izquierda Unida no sólo no logra recoger en parte los votos desprendidos del PSOE sino que desciende 0,4 puntos, hasta un misérrimo 5,4%. De cualquier modo, estos datos son volátiles por su propia naturaleza, y todos los expertos los relativizan cuando el sondeo se produce tan lejos -”a veinte meses-” de las elecciones generales
Lo auténticamente relevante de la encuesta del CIS es otra cosa: de un lado, se incrementa el porcentaje de españoles que piensa que la clase política es un problema para este país -”ya son el 21,7%, cinco puntos más que hace tres meses-”, llegándose a una situación semejante a la de 1995, cuando a González le estallaron todos los escándalos de corrupción (entonces, este indicador alcanzó el 21,5%). De otro lado, la calificación que merecen los políticos desciende a límites sencillamente preocupantes. Zapatero obtiene una puntuación de 3,48 y Rajoy, de 3,14; todos los ministros suspenden y sólo tres alcanzan la calificación de 4 (Rubalcaba, Chacón y Gabilondo). La confianza declarada en los dos principales líderes está asimismo por los suelos: Rajoy inspira poca o ninguna confianza al 84,6% de los ciudadanos, mientras Rodríguez Zapatero se queda en el 78,9%
La encuesta se realizó después del ajuste económico de 15.000 millones de euros y del debate sobre el estado de la nación. Es decir, los ciudadanos/electores tenían frescos en la memoria los últimos episodios: el gran recorte anunciado por Zapatero que ha constituido un duro golpe contra las políticas sociales de las que tanto ha alardeado el presidente del Gobierno; el voto en contra de Rajoy contra esta medida radical que, de no haberse aprobado, nos hubiera dejado literalmente fuera de la Unión Europea y en una posición semejante a la de Grecia; y por supuesto, el tratamiento blando que el Partido Popular otorga a unos casos de corrupción que adquieren día a día mayor gravedad y que no reciben la adecuada respuesta de Génova, a pesar del rimbombante código ético que rige en el PP. No es exagerado concluir, en fin, en que la encuesta refleja un sentimiento ciudadano muy parecido a la indignación ante una clase política que no está a la altura de sus requerimientos. El Gobierno está pagando sus vacilaciones ante la crisis y su impotencia a la hora de remediarla. Y el PP recoge los frutos de su evidente falta de cooperación, de sus prisas por alcanzar el poder gracias a la adversidad de todos y de relajación ante la corrupción de un número cada vez mayor de militantes encumbrados. Infortunadamente, no hay un solo indicio de que la clase política, los aparatos de los partidos, los hombres públicos enrolados en las instituciones, los miembros de los parlamentos estatal y autonómicos hayan recogido este mensaje diáfano de la opinión pública. Y si no se produce una reacción, si no se entiende la grave desafección social que está provocando el proceso político ruin y pusilánime al que estamos asistiendo, la democracia se debilitará. Es ingenuo creer que por el hecho de que llevemos tres décadas de gozoso desarrollo democrático y somos inmunes a cualquier virus populista.