El -˜grupo de los cien-™ y las pensiones
Panorama | antonio papell
El -˜grupo de los cien economistas-™ aglutin ado en torno a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ya ha realizado en el pasado inteligentes sugerencias en materia de política económica, ha presentado ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo una propuesta de reforma integral del sistema español de pensiones para aproximarse al llamado «modelo sueco». Las prospecciones demográficas harían inaplazable esta reforma, toda vez que si actualmente existe un pensionista por cada 2,6 activos, en el 2050 habrá aproximadamente un pensionista por cada trabajador ocupado.
La reforma propuesta no es ideológica por cuanto ese modelo que se postula también es de reparto -los activos de hoy financian las pensiones generadas con anterioridad- y no de capitalización -cada pensionista habría acumulado un capital que constituiría su pensión-. En síntesis, el sistema sueco -”«sistema de cuentas nacionales» lo llaman los expertos-” consiste en que cada trabajador tenga abierta una cuenta ficticia en la Seguridad Social que podrá administrar con fle xibilidad, eligiendo la edad a la que desea jubilarse; en otras palabras, cada trabajador realizaría una aportación definida y recibiría una pensión ajustable. Y para calcular la cuantía de la pensión, se tendría en consideración, mediante una fórmula matemática objetiva, tanto la situación económica del país en el momento en que el trabajador pasa a retiro como la evolución demográfica.
En este modelo, el período de cotización para obtener la pensión máxima debería pasar de 35 a 40 años, de acuerdo con un sistema lineal que restaría el 2,5% de la cuantía por cada año de menos (esta ampliación es relevante porque actualmente el 72% de los trabajadores del régimen general de la SS cotiza durante 35 o más años pero sólo hace lo propio el 40% de los autónomos).
Además, con este sistema «de cuentas nacionales», se tendría en consideración toda la vida laboral de cada trabajador para calcular la cuantía de la pensión, y el titular podría decidir en cada momento cuándo jubilarse de acuerdo con las reglas mencionadas. A juicio de los autores de la propuesta, la simple elevación de la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años tan sólo retrasaría la crisis del modelo vigente desde 2015 a 2020, por lo que urge comenzar la transición hacia ese modelo flexible, cuya implantación no debería afectar a los trabajadores que hoy ya han cumplido 40 años, a los que sí habría que aplicar el límite mínimo de 67 años. Cuando el modelo sueco funcione plenamente, ya no tendrá sentido establecer topes.
La propuesta es solvente y audaz, y sin duda se daría un gran paso hacia la sostenibilidad y la equidad del sistema si se implementara. Pero es evidente que, en esta hora, es imposible conseguir el consenso parlamentario suficiente para alumbrar una medida de tanto alcance. A la vista está que los grupos políticos también están dispuestos a hacer de las pensiones un arma arrojadiza para obtener ventajas en los procesos electorales inminentes, por lo que es absurdo imaginar que serán capaces de asumir el coste electoral e intelectual que tiene un cambio trascendente como éste, que daría gran estabilidad social a este país