Juego peligroso

E s fácil percibir una sensación de nerviosismo en los dos grandes partidos ante la expectativa de que ETA pueda dar un paso en apariencia definitivo hacia su extinción. Batasuna ha pedido ya a la organización terrorista que declare un alto el fuego definitivo y verificable y, con esta expectativa en el corto plazo, anuncia que el histórico abogado Íñigo Iruin se dispone a presentar los estatutos de una nueva formación política que aspira a la legalización y que pretende concurrir a las elecciones locales del próximo mes de mayo.

Arnaldo Otegi ha solicitado a la Audiencia Nacional su libertad a la vista del «devenir de los acontecimientos políticos», que acreditarían que Batasuna ya no sigue la estrategia de ETA. El Gobierno tendría por su parte conocimiento de que ETA prepara ya su pronunciamiento de tregua «verificable» para los próximos días. Y en este ambiente se percibe una cierta desconfianza del Partido Popular hacia la mayoría socialista, que acaba de realizar significativos movimientos internos al colocar a Rubalcaba, ministro del Interior, en la primera vicepresidencia y al elevar al Gobierno a Ramón Jáuregui, personaje relevante en la política vasca.

Es comprensible, en el ámbito de la política ruin a que nos han acostumbrado los partidos españoles, que el PP tema que el Gobierno se apreste a capitalizar el final de ETA como un rédito político que le permita levantar cabeza en las encuestas, tras la postración debida a la crisis económica. Y es probable que en las esferas socialistas haya surgido esta tentación, que habría sin embargo que apartar por razones tanto éticas -que son muy obvias- como pragmáticas: el previsible fin de ETA ha sido amortizado por la opinión pública, que lo atribuye al esfuerzo colectivo de los demócratas a lo largo de cincuenta años, por lo que difícilmente podrá alguien rentabilizar la paz; más bien podría suceder al contrario, es decir, que el electorado castigara cualquier intento de aprovecharse con oportunismo de ese esfuerzo.

Dicho esto, conviene racionalizar la coyuntura, que no es ni simple ni directamente digerible: como dice Patxo Unzueta, sigue existiendo una frontera que separa a Otegi y Batasuna de la democracia: la convicción de que hoy la violencia es superflua precisamente porque ha existido la lucha armada, que habría impedido la consolidación de la reforma posfranquista, un «acierto» que ahora merecería el logro de contrapartidas mediante una negociación. Dicho más claramente, todavía el conglomerado etarra no ha entendido que la rendición de los terroristas no tendrá contrapartidas políticas de ninguna clase, ni servirá para abrir proceso negociador alguno, ni influirá siquiera en el gran proceso político vasco. Es desde luego muy dudoso que Batasuna haya interiorizado todo esto.