La enseñanza y algunas falacias

Desde las patronales de la enseñanza concertada, apoyadas por determinados políticos y medios de comunicación afines, se busca la rentabilidad empresarial apoyada en estas tres falacias: libertad, rentabilidad para el Estado y calidad.

En su defensa de la primera, se defiende con uñas y dientes que la Constitución española ampara la absoluta libertad de creación y gestión de centros, por un lado, y la libertad de elección de los padres por el otro. En cuanto a lo primero, la libertad del empresario, olvidan descaradamente que se alimentan de forma voluntaria con fondos públicos y que hacen competencia a la Enseñanza Pública; por ello, si ésta se rige por una legalidad caracterizada por el control estricto de la Administración, deberían tender más bien a su equiparación de gestión con los centros públicos y no al contrario. En cuanto a lo segundo, los titulares de los centros privados y quienes los apoyan confunden interesadamente el derecho a la educación y la libertad de enseñanza recogidos en la Constitución con libertad absoluta de elección de centro y, por extensión, con libertad de elección del modelo de enseñanza y, mientras exigen este pretendido derecho, ocultan que los derechos constitucionales deben ser universales y que deben ofrecerse a todos los españoles; si defienden la libre elección de los padres, deberían explicar por qué ponen trabas sin fin a la matriculación de ciertos colectivos o alumnos más desfavorecidos y por qué ellos mismos no ofrecen este pretendido derecho a los ciudadanos de las zonas rurales. Libertad sí, pero si produce dividendos.

Otra gran falsedad es el coste de la enseñanza concertada frente al de la enseñanza pública: el gasto por alumno. Los estudios que tal cosa pretenden parten siempre del número de alumnos por Comunidad que atiende cada red, sin tener en cuenta que las ratios en la zona rural -"atendida únicamente por la enseñanza pública-, son mucho más bajas que en las zonas urbanas, donde las ratios entre la concertada y la pública se equiparan; con ello, el coste de cada alumno en la zona rural puede llegar a multiplicarse por seis frente al de las zonas urbanas. Y tampoco se tiene en cuenta que muchos centros concertados cobran a las familias cantidades que, a finales del ejercicio, vienen a duplicar la aportación que realiza la Administración; por si ello fuera poco, la mayor parte de esas cantidades se gestionan a través de aportaciones a pretendidas fundaciones sin ánimo de lucro, que posteriormente desgravan un 15% IRPF a los padres que han elegido este sistema y que, finalmente, se carga en los presupuestos de las Comunidades y del Estado (y, por tanto, en los bolsillos de todos los españoles).

Finalmente, desde todos los ámbitos interesados en ver la educación como un negocio, se da a entender que la calidad de la enseñanza concertada es superior a la de la pública. Para empezar, somos muchos los que pensamos que si el sistema de elección de su profesorado es tan poco objetivo, algo se querrá esconder; en segundo lugar, si se rechaza la matriculación de los colectivos de alumnado que más suspenden y primero abandonan el sistema, se queda libre de ciertas consecuencias estadísticas; en tercer lugar, si tan buena calidad ofrecen, no entendemos por qué tanto oscurantismo en la gestión de los centros; por último en todas las estadísticas a nuestro alcance, la única forma de medir la calidad es computar el número de aprobados que se dispensan, algo tan poco objetivo en este tipo de centros como oscuros son su gestión y funcionamiento. Por el contrario, en el ámbito de la Enseñanza Pública, siempre que se organiza un foro, un congreso o una simple charla, se acaba hablando también de calidad, pero la calidad de la que hablamos termina inequívocamente relacionada con la mejora del sistema. Desde nuestra perspectiva, no se entiende que se busque rentabilidad empresarial en el sistema educativo, y la libertad viene garantizada siempre que haya posibilidad de elección de centro: entre públicos o entre públicos y privados. En el caso de elegir estos últimos, que esta libertad deba ejercerse de forma gratuita y a costa del Estado es una falacia de las patronales de la enseñanza concertada, apoyadas por determinados políticos y medios de comunicación afines.