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León

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La nueva ley antitabaco, que regulará entre otros aspectos la venta, el suministro, el consumo y la publicidad del tabaco, y que prohibirá fumar en todos los espacios públicos cerrados a partir del 2 de enero, es ya una realidad tras la votación y aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. Nochevieja y primero de año serán las últimas fiestas en las que los españoles podrán apurar sus cigarrillos en bares, restaurantes y discotecas. Los hosteleros ha recibido con visible inquietud esta normativa que, insisten, causará graves daños a la economía y al empleo de un sector que está atravesando uno de sus momentos más críticos. También es digno de tener en cuenta, y habla de la improvisación con la que se legisla, el hecho de que son muchos los locales que, habiendo creado en su día espacios para fumadores con las consiguientes inversiones, ahora no sirven de nada. Pero, siendo comprensible esta realidad, el contrapeso argumental es demoledor: el 70 por ciento de la población española no es fumadora y apoya sin resquicios la ley. Lo que está en juego es la salud y ahí los datos son tan conocidos como concluyentes: el tabaquismo activo es origen de 53.000 fallecimientos al año en España. Y el pasivo tiene que ver con 3.200 muertes cada año. Sólo falta ahora un detalle: que la ley se cumpla.

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