Cajas y realismo

Las Cajas de Ahorros, que nacieron en Europa a partir de instituciones filantrópicas -en España provienen de los Pósitos y los Montes de Piedad de los siglos XVII y XVIII-, adquirieron su forma moderna en 1933 con el Estatuto para las Cajas Generales de Ahorro Popular, impulsado por Largo Caballero. En 1977, la Reforma Fuentes Quintana eliminó las restricciones legales a su actividad, por lo que pasaron a operar como los bancos aunque manteniendo su estructura jurídica singular y fundamentando su razón de ser en la 'obra social', a la que debían ir a parar íntegramente sus beneficios. El Estado de las Autonomías ha influido sobre el devenir de las cajas, que, dirigidas por órganos con fuerte presencia de políticos y representantes de los agentes sociales, han pasado a ser instrumentos de la acción política de los gobiernos autonómicos. Una situación que se ha mantenido en equilibrio inestable durante la etapa democrática pero que se ha derrumbado al sobrevenir la crisis.

Es evidente que el rigor financiero de las instituciones de crédito, que son base del edificio económico, no es compatible con los criterios subjetivos de la beneficencia. La profesionalidad en la gestión en los bancos convencionales no impide la existencia de fundaciones que llevan a cabo tareas magníficas de mecenazgo. Lo que conduce a la conclusión de que es lógica la presión gubernamental que trata de lograr que la mayoría de las actuales cajas, o de sus conglomerados mediante SIPs, fusiones o absorciones, se conviertan en bancos. No se descartan las demás posibilidades contempladas en el decreto ley 11/2010 pero sí se prima esta vía de futuro, que habrá de suponer la despolitización de las instituciones, la entrada de capital privado con derechos políticos y, en última instancia, la plena profesionalización de las entidades. Además, el Gobierno está decidido a forzar la recapitalización de estas instituciones, hasta lograr anticipadamente las ratios de solvencia del acuerdo comunitario Basilea III, lo que se logrará en última instancia a través de la nacionalización parcial y temporal -con un máximo de cinco años- de las entidades, que en este caso se convertirán irremisiblemente en bancos. A tal fin, el FROB piensa destinar unos 20.000 millones de euros, que no computarán como déficit pero sí como deuda. Las resistencias que se advierten frente a esta operación terapéutica provienen de las comunidades autónomas -los gobiernos regionales se resisten a perder estas valiosas herramientas de poder e influencia- y de las pequeñas oligarquías económicas y sociales ligadas a las cajas. De donde se desprende que la reforma es positiva e inaplazable. Sin pretender negar la eficiencia y el impulso económico atribuible a algunas de las cajas más solventes en el pasado, también es preciso reconocer que estas instituciones han tenido escasas cautelas en la asignación de recursos o en el impulso a la burbuja inmobiliaria, cuyas secuelas son el principal lastre que tiene este país para salir de su postración.